27 de octubre de 2014

Ajustes a Considerar para el Cierre de 2014


Por segunda oportunidad publico un trabajo como éste para los lectores del Blog, en el interés de ofrecer algunas guías y consejos a los preparadores de estados financieros, contadores, administradores y auditores de entidades venezolanas, con el objetivo de anticipar posibles ajustes importantes que se requerirían para el cierre contable de esas entidades correspondiente al año 2014.

El cierre del año 2014, para algunas entidades que deben reportar en Venezuela bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Completas y la NIIF para las PyMES) o, incluso, bajo los US GAAP, podría estar caracterizado por situaciones, condiciones y transacciones relativamente diferentes a las que normalmente ocurren en cualquier otra empresa de cualquier otro país.

Considero conveniente aclarar que este es un análisis especial para entidades venezolanas porque el entorno económico y legal en que desempeñan sus negocios, en mi opinión, no es normal y hasta podría considerarse ciertamente muy riesgoso. Los asuntos incluidos en este trabajo deben ser considerados adecuadamente por los profesionales para evaluar la aplicación en su entidad y obtener la autorización de directores, gerentes, supervisores o asesores. De llegarse a concluir que alguno de los ajustes afecta a la entidad, habría que solicitar la asesoría de auditores y asesores externos para contar con su conformidad con suficiente anticipación antes del cierre.

Desde el punto de vista de la aplicación de los principios y de los criterios utilizados, sea cual sea el marco contable bajo el cual reporta la entidad, puede asumirse que la utilización de las recomendaciones y guías que se presentan aquí, están enmarcadas en un continuo análisis de la situación venezolana realizado durante todo el año actual; y se basan en la observación del progreso de implementación de normas contables, regulaciones y leyes locales; y en mi interés de colaborar en la solución de conflictos contables o incluso impositivos (aunque esa no es mi especialidad) que pudieran haber surgido en el entorno de las empresas venezolanas por las situaciones que se comentan en el trabajo.

Los asuntos a considerar son los siguientes:
1.        Inventarios en el Marco de la Ley de Costos y Precios Justos
2.        Activos y Pasivos en Moneda Extranjera
3.        Deterioro de los Activos

1.             Inventarios en el Marco de la Ley de Costos y Precios Justos
La promulgación, en febrero de 2014, de la Providencia Administrativa Nº 003/2014 (“la Providencia”), emanada de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), originó una reacción inesperada y frenética en el ambiente de negocios de Venezuela, por sus severos y preocupantes impactos sobre entidades y personas, lo que me motivó a preparar un trabajo publicado en este mismo Blog bajo el título La Ley de Precios y las NIIF en Venezuela. Ese artículo ha sido el que más audiencia ha tenido y el que más comentarios y preguntas ha recibido desde que se inició este portal de informaciones contables. Aconsejo a los lectores leerlo, si no lo han hecho, antes de continuar con éste.

Un extracto del artículo podrá ayudar a orientar hacia el objetivo de este análisis:

“Por lo que se desprende de los párrafos anteriores, la SUNDDE promulga un marco contable “modificado” para aplicar la Ley de Precios en Venezuela. Al analizar los artículos de los cuales consta la Providencia, se observan contradicciones, afirmaciones, suposiciones y condiciones que desvirtúan el marco técnico bajo el cual deben aplicarse los Principios de Contabilidad de Aceptación en Venezuela (“PCGA”). Como es ampliamente conocido, en Venezuela, los PCGA están constituidos por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), modificadas por los Boletines de Aplicación (BA) y se denominan VEN-NIIF para identificar un marco contable propio basado fundamentalmente en las NIIF. En ninguna parte de la Ley de Precios ni de la Providencia se hace mención a los VEN-NIIF.

Las NIIF (NIIF Completas y la NIIF para las PyMES) contienen normas específicas para medir, reconocer, presentar y revelar todo lo relacionado con los inventarios, los ingresos, costos y gastos de las entidades y esas normas han venido siendo aplicadas consistente y uniformemente desde el año 2008 en el país. Las entidades han aplicado esos principios y las normas complementarias que han sido promulgadas en el tiempo, y con base en los resultados contables obtenidos, esas entidades han reportado a sus accionistas y al público en general (cuando corresponde) y han elaborado sus declaraciones de impuesto sobre la renta, pagado sus impuestos y contribuciones y los dividendos a sus accionistas.

Ahora, esas entidades tendrán que aplicar el marco “modificado” que promulgó la SUNDDE, lo cual acarreará consecuencias que todavía están por conocerse, pero que pueden anticiparse después de analizar algunos de los artículos de que consta la Providencia.”

Algo de lo expresado en el último párrafo podría ya conocerse, puesto que las entidades han pasado por el “período de aprendizaje de la Providencia”, y de los problemas que se habrían presentado para aplicarla, muchos habrían sido solucionados pero otros pudieran estar ocultos en la trama de transacciones, asientos contables y decisiones ejecutivas aplicadas por las entidades para sobrepasar la situación que han tenido que enfrentar hasta ahora.

Simultáneamente al artículo, se publicaron varias “ideas y soluciones a la medida” para implementar, superar o atenuar los impactos que originó la Providencia, las cuales pudieran haber motivado a las entidades a modificar sus esquemas contables o quizás hasta sus sistemas extracontables para controlar los inventarios. Intentaré hacer una anotación de los posibles problemas confrontados, pero no de las soluciones aplicadas por las entidades pues no está a mi alcance esa información.

        i.        Desviación de los Principios Contables:

Considero que este es el principal problema que estarían confrontando las entidades porque la Providencia estableció una serie de conceptos y asunciones que se desvían de las NIIF, pero que tienen que ser aplicadas por las entidades para no arriesgar la imposición de sanciones por parte del organismo regulador.

Por ejemplo, la Providencia estableció varios parámetros para obligar a las entidades a fijar los precios de sus bienes o servicios sin que éstos sobrepasen el costo del producto o el servicio, más un porcentaje de ganancia, determinados todos esos conceptos de acuerdo con la misma Providencia. Es decir, los factores de costo y de precio de venta están ahora indubitablemente amarrados a lo que establece la Providencia pero ésta no toma en cuenta todas las disposiciones establecidas en las NIIF.

La pregunta que ahora nos hacemos es qué ha ocurrido con las diferencias contables (no desde el punto de vista de su cuantía, que de por sí podrían ser importantes) sino de su tratamiento contable, puesto que ciertas transacciones no habrían sido contabilizadas adecuadamente según los principios para no vulnerar lo establecido en la Providencia.

Pudiera estar sucediendo que muchas transacciones han sido “provisionalmente” dejadas a un lado al contabilizar los elementos del costo para no violar lo establecido en la Providencia, y cuando me refiero a dejarlas a un lado lo que quiero decir es que pudieran existir montos (quizás de importancia) registrados en cuentas provisionales que no han podido ser imputadas al costo porque la Providencia no lo permite, aunque bajo el alcance de las NIIF sí hubieran podido ser registradas como parte del costo. Esas partidas estarían “huérfanas” de una identificación adecuada porque al no formar parte del costo de los bienes o servicios ya vendidos, no pueden permanecer en cuentas del activo sino que tienen que ser imputadas a los gastos o al costo de ventas. Aquí hay posibles ajustes pendientes.

       ii.        Consistencia en la Aplicación de los Principios:

Adicionalmente, pudiera estar presente un problema de consistencia en la aplicación de los principios, que es un concepto fundamental en las NIIF. Las entidades contabilizaron sus transacciones y aplicaron las normas en 2013 y esos registros seguramente estaban de acuerdo con los principios puesto que los auditores externos, en los casos de entidades auditadas, así lo corroboraron.

Pero en 2014 esos mismos principios pueden haber sido ignorados para forzar a la entidad a amoldarse estrictamente a lo establecido en la Providencia. Tocará a los contadores de la entidad, en primer lugar, y a los auditores, posteriormente, comprobar que en 2014 existe uniformidad en la aplicación de los principios. Los auditores externos que están atentos al desarrollo de la situación, seguramente ya habrán modificado el alcance de sus trabajos interinos para adelantarse a revisar este aspecto tan importante en la medición de los activos.

Resumiendo, en 2014 se podría presentar la situación, en algunas entidades, de que el costo no ha sido medido de acuerdo con las NIIF sino aplicando la Providencia. Toca a los contadores primero y después a los auditores, verificar si hay uniformidad en la aplicación de las NIIF para medir el costo, como se hizo en años anteriores.

      iii.        Costo o Valor Neto de Realización, el menor:

Las NIIF establecen como concepto básico de medición de los inventarios esta premisa y se supone que los contadores están perfectamente habituados a comprobar que sus activos se adecúan correctamente a ella. Sin embargo, al considerar la aplicación de la Providencia podrían surgir dudas en cuanto a la veracidad de esa medición por las siguientes razones:

a.     En primer lugar pudieran existir dudas de que el costo de los inventarios se ha establecido de acuerdo con las NIIF si la entidad aplica estrictamente lo establecido en la Providencia. Por ejemplo, la Providencia establece en el numeral 1 del Artículo 4, una disposición sobre el costo estándar que textualmente dice: “El resultado de aplicar costo estándar debe aproximarse al costo real. Para la determinación del precio justo, se reconocerá el menor entre el costo real y el costo estándar.” Si una entidad está en esta situación, puede afirmar que está cumpliendo con los principios? Adicionalmente, cómo podría una entidad que aplica la técnica del costo estándar determinar el “costo real” que indica la Providencia? Si la entidad implementa lo establecido en la Providencia tendría que explicar muy claramente en las notas a sus estados financieros cómo determinó los costos y eso puede ser complicado.

b.    También tenemos la problemática para la aplicación del concepto de Valor Neto de Realización o VNR. Según los principios, los inventarios se deben medir al costo o al VNR, el que sea el menor. Ya hemos visto parte de los problemas que se presentan con los costos. El valor neto de realización se define en el Glosario de las NIIF así:

“El VNR es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación, menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera obtener por la venta de los inventarios, en el curso normal de la operación”.

Si el precio de venta es establecido de acuerdo con la Providencia, probablemente ese es el VNR, ya que dicho instrumento no permite que los precios de venta se fijen por encima de un parámetro fijo. Si la entidad calcula su precio de venta bajo ese esquema no lo puede variar porque, inclusive, en muchos casos ese precio es tomado por el organismo regulador como el tope y ya la entidad no lo puede modificar hasta que solicite una nueva revisión o hasta que la Superintendencia realice una nueva inspección.

c.     Si en la revisión de costos para determinar si se cumple con las NIIF se llega a la conclusión de que han sido subestimados, porque para cumplir con la Providencia no se incluyeron algunos componentes que sí son aceptados por las NIIF, pudiera llegarse a la conclusión de que el VNR es menor que el costo y habría que ajustar éste para llevarlo hasta el VNR. Esta es una comprobación que debe hacerse para asegurar de que las normas se cumplen.

     iv.        Deterioro de los Inventarios Ajustados por Inflación:

Finalizamos con el asunto relacionado con el ajuste por inflación. Es un tema complejo que debe discutirse con los asesores para llegar a una conclusión razonable a efectos de aplicar las normas. El simple hecho de ajustar los inventarios aplicando los índices de inflación a los costos contables puede llevarlos por encima del VNR y, en esas condiciones, habría que rebajarlos hasta ese valor. Es un problema similar al que comento en el punto 3 con las PP&E.
2.             Activos y Pasivos en Moneda Extranjera
Desde febrero de este año no se han producido cambios significativos en la normativa contable relacionada con la medición y el reconocimiento de activos y pasivos en moneda extranjera de las entidades venezolanas. Los mecanismos cambiarios tampoco han sido modificados en cuanto conciernen a los efectos que tienen sobre las transacciones y saldos en moneda extranjera.

Haciendo un recuento de los factores que se requieren para cumplir con las VEN-NIIF (VEN-NIIF GE y VEN-NIIF PYME), las entidades deben tomar en cuenta, además de las propias normas, la siguiente guía:

a.   El mecanismo cambiario mediante el cual ciertas transacciones están protegidas con el tipo de cambio fijo de CENCOEX (Bs6,30/US$1);

b. El mecanismo mediante el cual se estableció el tipo de cambio variable denominado SICAD I (entre Bs11 y Bs12/US$1);

c.  El dispositivo por el cual se pueden obtener divisas al tipo de cambio entre Bs49,96 y Bs49,98/US$1, denominado SICAD II; y

d.    La Aclaratoria fechada el 25 de enero de 2014 (ACL 2014-01) y publicada el 3 de febrero de 2014 por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV).

Las entidades deben apoyarse en la Aclaratoria, que es una norma complementaria de las NIIF que establece que la valoración y presentación de transacciones y saldos en moneda extranjera a la fecha de los estados financieros debe hacerse considerando una evaluación integral de la situación financiera, la posición monetaria en moneda extranjera y los impactos financieros derivados de las regulaciones cambiarias aplicables a la entidad. La Aclaratoria también señala que las transacciones en moneda extranjera deben medirse considerando el marco regulatorio aplicable a la transacción e incluye los rubros a tomar en cuenta que son los siguientes:

              I.          Pasivos en moneda extranjera registrados ante CADIVI[1];

             II.          Pasivos en moneda extranjera no registrados ante CADIVI;

            III.          Activos denominados en moneda extranjera de obligatoria venta al Banco    Central de Venezuela;

           IV.          Activos denominados en moneda extranjera, no sujetos a ser obligatoriamente  vendidos al Banco Central de Venezuela; y

            V.          Adquisición de bienes y servicios pagaderos en moneda extranjera.

La Aclaratoria también establece en su párrafo 3 que las opciones de valoración de las partidas en moneda extranjera son las siguientes:

a. A los tipos de cambio oficiales establecidos en los diversos convenios cambiarios suscritos entre el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo  Nacional.

b. En función a la mejor estimación de la expectativa de los flujos futuros de bolívares, que a la fecha de la transacción o de los estados financieros habrían de erogarse o recibirse, según sea el caso, para extinguir las obligaciones o realizar los activos en moneda extranjera utilizando mecanismos de intercambio o pago legalmente establecidos o permitidos por el Estado o Leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente, la Aclaratoria contiene un párrafo que establece cuándo deben ser reconocidos sus efectos indicando lo siguiente:

12. Los efectos derivados de la aplicación de esta Aclaratoria se reconocerán en los resultados de los ejercicios económicos con fecha de cierre posterior a la fecha de publicación de ésta; en consecuencia, la presente Aclaratoria sustituye en su contenido a la Aclaratoria de fecha 20 de agosto de 2010.”

Como he comentado en otros artículos, las entidades deberían, realísticamente, tomar en cuenta las condiciones bajo las cuales han contraído deudas en moneda extranjera. En ese sentido, las entidades deberían utilizar la experiencia acumulada en el tiempo en relación con las adquisiciones de divisas para sus importaciones y pagos de servicios y otros gastos, con el fin de medir y reconocer los pasivos netos en moneda extranjera.

Por su parte, las entidades con posición neta activa en moneda extranjera deben tomar en cuenta lo mencionado en el párrafo 3b de la Aclaratoria para ajustar activos y pasivos en esas condiciones, separando aquellos pasivos identificados con cualquier mecanismo de cambio oficial, los cuales deberían medir al tipo de cambio al cual se adquirieron.

Las entidades que indebidamente y sin suficientes soportes ni criterios adecuados retrasaron la medición de sus activos y pasivos en moneda extranjera en forma apropiada desde hace algunos años, ya no tienen ningún argumento ni justificación para mantener esa posición. El tiempo y la experiencia indican que muy pocas entidades están recibiendo divisas al tipo de cambio fijo de CENCOEX (Bs6,30/US$1), y que otro grupo mucho más grande ha recibido las divisas a uno de los otros dos tipos de cambio variables. No hay otro tipo de cambio legal. Las entidades que adquirieron divisas en el mercado paralelo, tendrán que medirlas al tipo de cambio real negociado, ateniéndose a las consecuencias legales, contables e impositivas correspondientes.
3.        Deterioro de los Activos
En términos normales, al cierre del ejercicio las entidades realizarían la evaluación del deterioro de los activos sobre una base metódica sencilla y, en cierto modo, rutinaria. Sin embargo, debido a las situaciones por las que pasan muchas de las actividades en el país, parece recomendable hacer una revisión más a fondo de este asunto para prever cualquier posibilidad de pérdida importante en los activos.

Algunos de los principales y más notorios asuntos que pudieran estar incidiendo sobre la medición y presentación de algunos activos en los estados financieros se resumen así: 1) empresas con problemas financieros o de otra índole (por ejemplo, el cierre del negocio) que pudieran originar pérdidas en las cuentas por cobrar; 2) costos de inventarios por encima del VNR y ajuste por inflación de inventarios que colocaría los costos por encima del VNR; 3) disminución del valor de mercado de papeles del estado y de PDVSA que pudieran causar pérdidas en instrumentos financieros; 4) IVA no recuperable proveniente de débitos fiscales que no pueden compensarse con créditos fiscales y/o que no han sido reembolsados por las autoridades impositivas; 5) ajuste por inflación de las PP&E, que se analiza en forma más profunda a continuación; disminución de los valores razonables de otras propiedades; y 6) activo por impuesto diferido no recuperable por declaración de pérdidas fiscales continuas.

La siguiente tabla se incluye como ayuda para ubicar más fácilmente las fuentes de información que se requieren para evaluar el deterioro de los activos:

Norma Principal NIIF Completas: NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos

Norma Principal NIIF para las PyMES: Sección 27 del mismo título

No Cubiertos por la Norma Principal
Consultar en las NIIF Completas
Consultar en la NIIF para las PYMES
Inventarios
NIC 2 Inventarios
Sección 27
Activos surgidos de los contratos de construcción
NIC 11 Contratos de Construcción
Sección 23
Activos por impuestos diferidos
NIC 12 Impuesto a las Ganancias
Sección 29
Activos procedentes de beneficios a los empleados
NIC 19 Beneficios a los Empleados
Sección 28
Activos financieros
NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición
Secciones 11 y 12
Propiedades de inversión que se valoran según su valor razonable
NIC 40 Propiedades de Inversión
Sección 16
Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola
NIC 41 Agricultura
Sección 34
Activos no corrientes (o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos Para la Venta y Operaciones Discontinuadas
NA
Deterioro de Activos No Monetarios y Ajuste por Inflación
Las VEN-NIIF establecen que las entidades ubicadas en una economía hiperinflacionaria, como es el caso de Venezuela, deben medir y reconocer el deterioro de los activos no monetarios después de que son ajustados por efectos de la inflación. Las normas establecen reglas claras para medir el deterioro cuando se trata de activos individuales o cuando se pueden identificar como parte de una Unidad Generadora de Efectivo (UGE). El deterioro de activos como los inventarios o los activos financieros se mide de conformidad con las normas establecidas en las normas correspondientes a esos activos. En esta sección me concentraré en analizar el problema del deterioro de las propiedades, planta y equipo (PP&E), ya que en la Sección 1 de este trabajo presenté una guía en cuanto al deterioro de los inventarios.

La NIC 36 de las NIIF Completas y la Sección 27 de la NIIF para las PyMES contienen las normas para medir y reconocer el deterioro de las PP&E y son suficientemente claras para entender cómo se aplican en una economía no hiperinflacionaria. En esa normativa se considera que el deterioro de un activo surge cuando el importe al cual dicho activo está registrado en libros, es mayor que su valor recuperable, y se exige a una entidad que determina que existen activos deteriorados, que debe reconocer una pérdida por deterioro en los resultados.

A su vez, valor recuperable se define como el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de un activo (o de una UGE) y su valor en uso, o el mayor entre el precio de venta neto de un activo y su valor en uso. También establecen las normas que el deterioro puede ser reversado en el futuro bajo ciertas condiciones, en las cuales se aumentará el valor en libros del activo hasta su valor recuperable siempre que no exceda al valor en libros que podría haberse obtenido si no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro en un período anterior.

La evaluación del deterioro de las PP&E en una economía no hiperinflacionaria es relativamente simple, pero si la entidad se ubica en una economía hiperinflacionaria como la venezolana, el asunto se complica por las siguientes razones (las cuales no impiden que se realice la evaluación):

     a.     Las normas contables sobre hiperinflación establecen que cuando se compruebe que existe deterioro, “los saldos reexpresados de los elementos componentes de las propiedades, planta y equipo, de la plusvalía, de las patentes y de las marcas serán reducidos hasta su importe recuperable; los saldos reexpresados de los inventarios serán rebajados hasta su valor neto realizable; y los saldos reexpresados de las inversiones poseídas serán rebajados hasta su valor de mercado”. Es decir, en la norma sobre hiperinflación se repite lo establecido en forma general en la NIC 36 (y en la Sección 27), pero ahora refiriéndose a “los saldos reexpresados”, es decir, al monto de los activos después del ajuste por inflación.

     b.    Quiere decir, que una entidad venezolana tendría que aplicar un procedimiento como el siguiente:

                      i.    Primero debe hacer las evaluaciones sobre deterioro con las cifras nominales, sin tomar en cuenta que posteriormente habrá que ajustar los activos por efectos de la inflación, y si determina que existe deterioro por daños, obsolescencia o por cualquier otra razón, entonces tendrá que proceder como indican las normas, es decir, medir el deterioro con las cifras ajustadas por inflación.

                ii.         Si a nivel nominal no se observa deterioro, la entidad procedería a continuación a ajustar las cifras por efectos de la inflación y a repetir la prueba de deterioro, pero ahora utilizando el valor ajustado por inflación.

En este caso se podrán presentar problemas para determinar si ese valor es inferior al importe recuperable, como indican las normas.

Si se toman en cuenta los altos índices de inflación observados, se puede llegar a la conclusión de que los montos ajustados por inflación tenderían a ser mucho más altos que los importes recuperables y por esa razón habría que ajustar as PP&E por causa del deterioro medido bajo esas condiciones.

     c.     En resumen, la medición del deterioro de las PP&E en Venezuela pasa por un proceso doble que debería ser completado por todas las entidades para asegurar que esos activos se presentan por valores razonables en el estado de situación financiera.

    d.    El proceso de ajustar por inflación las PP&E no se queda, entonces, en hacer los cálculos y registrar las nuevas cantidades ajustadas por inflación, sino que también debería hacerse la prueba del deterioro para cumplir con las NIIF.

  *   *   *   *   *

Los efectos impositivos que se puedan derivar de la aplicación de los ajustes, como aquí se han planteado, deben ser considerados y medidos adecuadamente como lo establecen las normas, para ajustar los saldos del impuesto diferido y de la corrección valorativa (originada en el deterioro del impuesto diferido activo). Los ajustes a estas partidas deberán ser revisados y discutidos con los asesores impositivos de la entidad.




[1] CADIVI fue sustituida por CENCOEX en enero de 2014.

26 de septiembre de 2014

Hipótesis de Negocio en Marcha

Introducción

Un dicho muy popular  indica que  "cuando uno está  dentro de un bosque,  muchas veces sólo ve árboles, pero no ve el bosque”.

Ese dicho podría ser aplicable a los interesados en la información financiera de las entidades venezolanas, pero en particular a accionistas, administradores, contralores, contadores y muy especialmente a auditores y contadores públicos en el ejercicio independiente de la profesión.

Me refiero al hecho de que viendo desde lejos lo que ocurre en Venezuela, algunos de los observadores y estudiosos de la actividad económica y del desenvolvimiento de los negocios del país ven “un bosque de problemas” que estarían afectando a casi todas las entidades de negocios del país, pero seguramente muchos de los que allá viven no los detectan, o no los precisan, o los pierden de vista, e imbuidos de los problemas como se encuentran, dejan de percibirlos y de evaluarlos apropiada y oportunamente.

Situaciones como la escasez de divisas tan necesarias para la gran mayoría de las actividades: los continuos aumentos de precios de los insumos, mano de obra y gastos en general; los controles establecidos por las autoridades gubernamentales para mantener los precios en los niveles que ellas desean; la inexistencia de un verdadero mercado donde se transen los productos y bienes en forma libre; y las incertidumbres en general que afectan a todos los empresarios, forman parte del “bosque de problemas”; son los árboles dentro de ese “bosque”. Y muchos lo que observan y evalúan preocupados, y se concentran en encontrar soluciones y ocupados como están en esa actitud, lo que ven son los árboles y pierden de vista al bosque propiamente dicho.

Seguramente muchos actores en las actividades de negocios del país que han sido o están siendo afectados por esos problemas, individualmente o combinados, se dedican a buscar las soluciones y muchas veces se encuentran con la realidad de que esas soluciones no existen o no son posibles en el país. Entonces no les queda otra opción que esperar a ver si las soluciones se producen de alguna manera, algún día, porque ellos no tienen cómo intervenir para aportar o producir una solución.

A medida que ocurre esa falta de actividad, los actores no ven el bosque para darse cuenta de que hay un problema más fundamental que los afecta a muchas entidades y es el hecho de que algunas están llegando (o han llegado en muchos casos) a concluir que la realidad parece estar indicando que sus negocios ya no son posibles, ya no son factibles, ya no tienen continuidad porque no hay soluciones a corto plazo y menos a mediano o largo plazo. Los que llegan a esa convicción, de pronto se dan cuenta de que su negocio no tiene factibilidad. De que su empresa ya no está en capacidad de afirmar que es una “empresa en marcha”. De que hay una gran posibilidad de que la Hipótesis de Negocio en Marcha, como se plantea en los principios de contabilidad, tiene que ser evaluada urgentemente. En ese momento, esos actores comenzarán a ver “el bosque” y ya no verán solamente los árboles.

En este trabajo intentaré guiar a los posibles afectados en la evaluación de este grave problema y de la forma de abordarlo desde el  punto de vista contable y de auditoría. Lamentablemente no podré aportar soluciones al “bosque de problemas” ni ese es el objeto de este sencillo aporte a la profesión.


Evaluación Contable

La elaboración de los estados financieros aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) es un proceso que se completa casi sin tomar en cuenta que existen ciertas disposiciones que deben ser evaluadas cada vez que se reporta, es decir, cuando se presenta dicha información financiera. Al elaborar los estados financieros de acuerdo con las NIIF (y los US GAAP), la gerencia debe evaluar la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento, para continuar como un negocio en marcha. Es lo que se denomina en inglés el enfoque del “going concern basis”. La NIC 1 Presentación de Estados Financieros contiene los principios relacionados con este asunto, mientras que la NIIF para las PyMES contiene disposiciones similares en la Sección 3 del mismo título.

Los estados financieros siempre se elaboran bajo la hipótesis del negocio en marcha, a menos que la gerencia haya decidido poner en liquidación a la entidad o hacer que cese su actividad. Es decir, se supone que una entidad siempre está en funcionamiento y que así seguirá hasta que los administradores o los propietarios, una entidad gubernamental, o un evento no previsto, determinen la cesación de sus negocios. Eso es lo que normalmente sucede. Pero en ciertas ocasiones, factores internos o externos pueden evidenciar, independientemente de que los administradores o propietarios lo hayan planteado, que la entidad no podría seguir funcionando porque no están dadas todas las condiciones para que eso se cumpla.

Las NIIF establecen que cuando evalúa si la hipótesis de negocio en marcha es apropiada, la gerencia debe tomar en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, lo cual debe cubrir, cuando menos, doce (12) meses a partir del final del período sobre el que se informa. Una entidad que cierra en diciembre deberá considerar esa información por los próximos doce meses, o sea, hasta diciembre del año siguiente. El grado de detalle de las consideraciones sobre el futuro dependerá de los hechos que se presenten en cada caso.

Si la entidad tiene un historial de operaciones rentables y acceso rápido a recursos financieros, se puede concluir que la aplicación de la hipótesis de negocio en marcha es apropiada, sin tener que realizar un análisis detallado. Sin embargo, la Norma no contiene una definición de lo que son “recursos financieros”. El mismo concepto se utiliza en la Norma Internacional de Auditoría (NIA) No. 570 “Negocio en Marcha”, sin mayores explicaciones.

La NIC 1 establece que la entidad debe revelar información sobre los supuestos acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en la estimación al final del periodo sobre el que se informa, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del periodo contable siguiente. Este es un concepto muy importante, ya que la entidad que no pueda asegurar que es un negocio en marcha, no debe presentar los activos y pasivos sobre las bases aplicables a las que no presentan ese problema.

La Norma establece que la determinación del importe en libros de activos y pasivos requiere la estimación, al final del periodo sobre el que se informa, de los efectos de sucesos futuros inciertos sobre dichos activos y pasivos. Por ejemplo, en ausencia de precios de mercado observados recientemente, sería necesario efectuar estimaciones acerca del futuro para medir el monto recuperable de las diferentes clases de propiedades, planta y equipo; el efecto de la obsolescencia tecnológica o de otro tipo sobre los inventarios; las provisiones condicionadas por los desenlaces futuros de litigios en curso; y los pasivos por beneficios a los empleados a largo plazo, tales como las obligaciones por pensiones, si existen en la entidad.

En los US GAAP encontramos principios similares en el Subtopic 205-40 Going Concern. Al respecto, la FASB promulgó recientemente el boletín ASU No. 2014-15 que contiene los principios aplicables a este asunto y que son muy similares a los establecidos en las NIIF.


Evaluación de Auditoría

Como mencioné anteriormente, la NIA 570 contiene las normas correspondientes al trabajo que debe realizar el auditor externo cuando examina los estados financieros de una entidad para rendir una opinión sobre dichos estados financieros con base en las Normas Internacionales de Auditoría. En Venezuela se deben aplicar dichas normas, de acuerdo con lo aprobado por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela - FCCPV. (Ver la información correspondiente haciendo click aquí ).

La NIA 570 incluye provisiones similares a las normas contables ya comentadas y específicamente indica en el párrafo 7 lo siguiente:

“La evaluación de la administración del supuesto de negocio en marcha implica hacer un juicio, en un momento particular del tiempo, sobre el resultado futuro de sucesos o condiciones que son inherentemente inciertos. Los siguientes factores son relevantes:

  • En términos generales, el grado de incertidumbre asociado con el resultado de un suceso o condición se incrementa en forma importante mientras más adelantado hacia el futuro sea el juicio que se hace sobre el resultado de un suceso o condición. Por esa razón, la mayoría de los marcos conceptuales de información financiera que requieren una evaluación explícita de la administración especifican el periodo por el cual se requiere que la administración tome en cuenta toda la información disponible.
  • Cualquier juicio sobre el futuro se basa en información disponible en el momento en que se hace el juicio. Los sucesos subsecuentes pueden contradecir un juicio que era razonable en el momento que se hizo.
  • El tamaño y complejidad de la entidad, la naturaleza y condición de su negocio y el grado al cual es afectada por factores externos, todo esto, afecta el juicio respecto al resultado de sucesos o condiciones.”

En el párrafo 8 de la NIA 570 se incluye una lista no exhaustiva de ejemplos de sucesos o condiciones que en forma individual o colectiva pueden proyectar una duda importante sobre el supuesto de negocio en marcha. Más adelante volveré sobre esos ejemplos.


Evaluación de la Situación Venezolana

Para evaluar la situación en Venezuela los administradores de una entidad deben tomar en cuenta los conceptos de la NIIF 1 y las revelaciones exigidas al respecto (o los de la NIIF para las PyMES, si se trata de una entidad mediana o pequeña). Con el fin de orientar a los lectores sobre los factores que podrían indicar un problema de negocio en marcha en sus entidades, copio a continuación el contenido del párrafo 8 de la NIA 570:

“A continuación se presentan ejemplos de sucesos o condiciones que en forma individual o colectiva pueden proyectar una duda importante sobre el supuesto de negocio en marcha. Esta lista no es exhaustiva ni tampoco la existencia de una o más de las partidas significa siempre que haya una incertidumbre de importancia relativa.

Financieros:

•  Posición de pasivos netos o pasivos circulantes netos.

•  Préstamos a plazo fijo que se acercan a su madurez sin prospectos realistas de renovación o pago; o dependencia excesiva en préstamos a corto plazo para financiar activos a largo plazo.

•  Indicaciones de retiro de apoyo financiero por deudores y otros acreedores.

• Flujos negativos de efectivo de las operaciones indicados por estados financieros históricos o prospectivos.

•  Índices financieros clave adversos.

• Pérdidas de operación sustanciales o deterioro significativo en el valor de activos usados para generar flujos de efectivo.

•  Retrasos o suspensión de dividendos.

•  Incapacidad de pago a acreedores en fechas de vencimiento.

•  Incapacidad para cumplir con los términos de los convenios de préstamos.

• Cambio con proveedores de transacciones a crédito a transacciones de pago contra entrega.

• Incapacidad de obtener para desarrollo de nuevos productos esenciales u otras inversiones esenciales.

Operativos:

•   Pérdida de administradores clave sin reemplazo.

• Pérdida de un mercado importante, franquicia, licencia, o proveedor principal.

•   Dificultades de mano de obra o escasez de suministros importantes.

Otros:

• No cumplimiento con requerimientos de capital u otros requisitos estatutarios.

•   Procedimientos legales o reglamentarios pendientes contra la entidad que puedan, si tienen éxito, dar como resultado reclamaciones que serían difíciles de satisfacer.

•   Cambios en legislación o políticas del gobierno que se espere afecten en forma adversa a la entidad.

La importancia de tales sucesos o condiciones a menudo puede ser atenuada por otros factores. Por ejemplo, el efecto de que una entidad no pueda hacer sus pagos normales de deuda puede ser compensado con los planes de la administración para mantener flujos adecuados de efectivo por medios alternativos, tales como disposición de activos, reprogramación de pagos de préstamos, o la obtención de capital adicional. En modo similar, la pérdida de un proveedor principal puede aminorarse con la disponibilidad de una fuente alterna de suministro adecuada.”

Adicionalmente y como mencioné anteriormente, la NIIF 1 señala que si la entidad tiene un historial de operaciones rentables y acceso rápido a recursos financieros, se puede concluir que la aplicación de la hipótesis de negocio en marcha es apropiada, sin tener que realizar un análisis detallado.

Entonces, aplicaría un análisis de lo que serían esos “recursos financieros”. Una definición amplia del término “recursos financieros” indica que son los activos financieros netos de una entidad que tienen algún grado de liquidez. El dinero en efectivo, las cuentas y documentos por cobrar, los depósitos en entidades financieras, las divisas y la tenencia de acciones y bonos forman parte de los recursos financieros, a los que habría que restarle los pasivos financieros.

En el ámbito de negocios de Venezuela, en mi opinión, las divisas extranjeras son el recurso financiero por excelencia de muchas entidades y comprenden el principal objetivo financiero de esas entidades porque enfrentan una prolongada dificultad para obtenerlas en un país que mantiene un estricto control de cambios desde 2003. Los recursos financieros en moneda nacional parecen abundar en el país, a tasas de interés relativamente bajas (comparadas con las tasas de inflación actuales) y eso podría considerarse un factor atenuante.

Posiblemente, muchas entidades, sobre todo las grandes entidades que explotan negocios de alta facturación, mantienen altos niveles de efectivo en bancos y en cuentas por cobrar, todos en moneda nacional muy difícil de convertir en divisas extranjeras. Es conocido el hecho de que muchas trasnacionales grandes no han podido remitir dividendos a sus accionistas del extranjero por la dificultad de obtener divisas, a pesar de que han reportado ganancias en moneda nacional de cierta importancia. Basándose en un esquema de negocios fundamentado en operaciones completadas en el país únicamente, esas entidades no tendrían ninguna dificultad en continuar operando sin divisas. Sin embargo. los administradores de esas entidades estarían esperando recibir divisas cuando las soliciten para cumplir con la reposición de activos o para el pago de regalías y dividendos, o para otros efectos, así eso no esté garantizado, lo cual las colocaría en una situación similar a la de otras muchas entidades que no poseen tan amplios recursos en moneda nacional.

Otras entidades no tan grandes pueden poseer recursos financieros en moneda nacional pero como no los pueden convertir en divisas para las importaciones de bienes y servicios o para el pago de deuda pendiente en moneda extranjera, se ven impedidas de continuar sus operaciones regulares, quizás por períodos largos durante los cuales tienen que continuar pagando salarios y cargas sociales y gastos de todo tipo, sin la posibilidad de obtener ingresos porque no tienen inventarios para la venta o porque ciertos equipos o maquinarias para la producción están paralizados en espera de insumos o repuestos para su operación.

Adicionalmente a la problemática de las divisas, que es la principal en la actualidad, existe en Venezuela un conjunto de situaciones que obligan a la gerencia de las entidades y a sus auditores a revisar la hipótesis de negocio en marcha, como las siguientes:

1. Controles gubernamentales sobre costos y precios que vulneran la capacidad de la entidad para decidir sobre la fijación de los precios de sus productos o servicios, con la consecuente posibilidad de incurrir en pérdidas de operación continuas;
2. Riesgos de devaluación de la moneda nacional lo que impulsaría aumentos de precios que luego deben ser justificados bajo el marco de las leyes vigentes y que de no ser aprobados producirían pérdidas en operación al no poder recuperarse los costos con los precios de venta aprobados por las autoridades gubernamentales:          
3. Hiperinflación exacerbada que obliga a las entidades a los ajustes de precios bajo un marco de controles gubernamentales como los mencionados, posiblemente sin posibilidades de lograr ajustes en lapsos cortos de tiempo, lo que causaría pérdidas constantes en operación:
4. Excesivo y complicado marco legal que obliga a las entidades al desembolso de cantidades para el pago de beneficios sociales, impuestos, tasas y contribuciones de todo tipo, sin conexión ninguna con el nivel de ingresos de la entidad. Es decir, que las entidades deben hacer esos desembolsos, independientemente de que no estén produciendo a plena capacidad;
5.  Riesgo de cierres prolongados de plantas y almacenes si las autoridades gubernamentales deciden que la entidad ha violado determinadas leyes, por ejemplo, la Ley de Precios Justos;
6. Dificultad para importar insumos y bienes esenciales para la producción propia por la imposibilidad de obtener divisas para la importación; 
7. Dificultad para obtener insumos y bienes nacionales necesarios para la producción propia, porque otros productores o importadores en el país confrontan los mismos problemas de producción o de importación y por el alto nivel de desabastecimiento de esos bienes e insumos;
8. Riesgo de reportar pérdidas continuas por la acumulación de problemas financieros y de producción; huelgas intempestivas de trabajadores sin razón ni justificación; tomas arbitrarias de plantas y almacenes por trabajadores y otros, sin motivos justificados o con ellos; ventas disminuidas con costos y gastos incrementados excesivamente por las razones antes comentadas;
9. Incapacidad para el pago de deudas en moneda extranjera por la no obtención de divisas por medio de mecanismos legales del cambio de moneda y por el riesgo de incurrir en violaciones a leyes sobre las leyes creadas al respecto si no se acude a esos mecanismos;
10. Riesgo (aunque no tan significativo) de expropiación forzosa de activos de todo tipo por decisiones no previstas ni anticipadas por el gobierno;
11. Pérdida de personal clave para la dirección de la empresa, la producción y el mercadeo por la emigración de profesionales a otros países;  
12. Incautación de productos por decisiones de autoridades gubernamentales que se basan en el marco de leyes como la Ley de Precios Justos;
13. Riesgo de pérdidas en cuentas por cobrar de entidades que, a su vez, estarían confrontando problemas de negocio en marcha; 
14. Precios deprimidos de las propiedades inmobiliarias originados por el ambiente de incertidumbre general sobre esos activos en el país; y  
15. Otras menores.

Analizando esos factores y los otros comentados anteriormente en forma individualizada pudiera llegarse a la conclusión de que la entidad no confronta problemas sobre su situación como un negocio en marcha, pero si se combinan varios de ellos y los resultados de los análisis son negativos, se podría llegar a una conclusión diferente. De allí la importancia de las evaluaciones que deben completar los administradores y los accionistas de la entidad, así como los auditores externos (si existen para la entidad), en el caso de que la entidad concluya en forma negativa.


Consecuencias del Análisis

La acumulación de algunas de las situaciones comentadas en la sección anterior no necesariamente determina que una entidad confronta dificultades para asegurar que cumple con la hipótesis de negocio en marcha. Nuevas decisiones empresariales, cambios de políticas gubernamentales, mejores perspectivas económicas, cambio de ramo de negocios, cambio de estrategia de negocios, etc., pueden servir para justificar que, todavía, la entidad se considera como un negocio en marcha aunque en el ejercicio que reporta pudiera haber enfrentado problemas financieros severos. En esos casos, las revelaciones exigidas por las NIIF contribuirían a despejar las dudas de los usuarios de los estados financieros de entidades con esas dificultades, lo cual implica una buena preparación de la gerencia para elaborar adecuadamente dichas revelaciones.

No obstante, si del análisis efectuado se llega a la conclusión de que la entidad confronta un problema de negocio en marcha que se concretaría en el futuro inmediato; es decir, que la continuidad de la entidad estaría bajo un plano cierto de incertidumbres sobre su futuro, los administradores deben obtener asesoría especializada de auditores y asesores legales para proceder en forma adecuada antes de reportar. 

Las NIIF no contienen ninguna provisión para la presentación de los estados financieros bajo la más adecuada base de liquidación de una entidad con problemas de negocio en marcha. Una guía para los interesados en actualizarse con respecto a la contabilidad bajo la base de liquidación, puede ser consultada en el Subtopic 205.30 de los US GAAP Presentation of Financial Statements – Liquidation Basis of Accounting.


Conclusión

El bosque es más visible ahora.

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Lo que sigue a continuación es una declaración de Corporación Clorox de Venezuela, S. A., empresa que decidió el cese de sus negocios en Venezuela por no ser viables, y espero que contribuya a la comprensión de lo indicado en este trabajo con vista a un ejemplo concreto, actualizado (subrayados míos).


 September 22, 2014

Clorox Anuncia su Salida de Venezuela y Confirma sus Previsiones para las Ventas y EPS por Operaciones Continuas


OAKLAND, Calif., Sept. 22, 2014 - The Clorox Company (NYSE: CLX) reportó hoy que su afiliada, la Corporación Clorox Venezuela S.A. (Clorox Venezuela), ya no es viable. Como resultado, Clorox Venezuela está discontinuando sus operaciones, con efecto inmediato, y está buscando vender sus activos.

"Esta es una situación muy difícil para nuestra compañía," dijo el Presidente y CEO Don Knauss. "Estamos muy orgullosos de los hombres y mujeres que dieron lo mejor de sí para operar nuestro negocio, a pesar de enfrentar desafíos económicos significativos. Estamos trabajando para apoyarlos a través de esta transición."

Durante casi tres años, Clorox Venezuela se vio obligado a vender más de dos tercios de sus productos a precios congelados por el gobierno venezolano. Durante este mismo período, la empresa experimentó cifras acumuladas de inflación de tres dígitos; esto tuvo como consecuencia incrementos masivos en los costos de los insumos necesarios para producir sus productos, como por ejemplo empaques, materia prima, transporte y costos laborales. Como consecuencia, la empresa ha estado sufriendo constantes pérdidas operativas.

Clorox Venezuela se reunió repetidamente con autoridades del gobierno nacional para explicarles el rápido declive del estado del negocio y la necesidad de aumentos inmediatos, significativos y recurrentes de precios además de otras acciones correctivas de crítica importancia para abordar estos efectos adversos. Basado en las declaraciones del gobierno, Clorox Venezuela tenía la expectativa de que aumentos significativos en los precios estarían llegando mucho mas temprano este año. Sin embargo, los incrementos posteriormente aprobados por el gobierno no están ni cerca de ser suficientes, y habrían causado que Clorox Venezuela hubiera seguido operando con pérdidas significativas.

Clorox Venezuela hubiera preferido continuar su negocio en Venezuela y suministrar sus productos a los venezolanos quienes los utilizan todos los días. Sin embargo, dadas las restricciones operativas impuestas por el gobierno venezolano, la considerable incertidumbre económica, las continuas interrupciones de suministros, y sin aumentos significativos y recurrentes de los precios, así como otras acciones correctivas, Clorox Venezuela anticipó que continuarían las considerables pérdidas operativas en el futuro previsible. Debido a esto, el negocio ya no es viable y, por lo tanto, Clorox Venezuela se vio forzada a discontinuar sus operaciones.

Este anuncio concierne únicamente a Clorox Venezuela. Los otros negocios internacionales de The Clorox Company no se ven afectados.

The Clorox Company Confirma las expectativas para el año fiscal 15 para ventas y EPS de sus operaciones continuas

En el último año fiscal, que terminó el 30 de junio de 2014, las ventas netas de Clorox Venezuela representaron aproximadamente 1.4% de las ventas totales de la Compañía Clorox , o aproximadamente 77 millones de dólares. Clorox Venezuela generó pérdidas, antes de intereses e impuestos, de cerca de 23 millones de dólares.

En las perspectivas de la compañía para el año fiscal 2015, publicadas por primera vez en mayo de 2014, Clorox Venezuela había anticipado que si recibía aprobación para aumentos significativos de los precios de sus productos, se podrían reducir significativamente las pérdidas operativas, en contraste con el año fiscal 2014. Sin embargo, los aumentos de precios aprobados finalmente por el gobierno estaban lejos de ser suficientes y hubieran ocasionando que Clorox Venezuela continúe operando con pérdidas significativas.

Con la salida del país, los resultados financieros históricos y futuros de Clorox Venezuela serán reflejados como "operaciones discontinuadas". Para el año fiscal 2015 bajo el concepto "operaciones discontinuadas" se incluirán los costos asociados a la salida de Venezuela, una vez deducidos los pagos de impuestos de entre 60 millones a 65 millones de dólares o 46 a 50 centavos de dólares de ganancia por acción diluidos. Además de ello, "operaciones discontinuadas" puede reflejar aproximadamente 10 a 15 millones de dólares en costos de salida después de impuestos, que serán distribuidos en los próximos 3 años fiscales. Se espera que los costos en efectivo relacionados con la salida -neto después de los beneficios fiscales previstos - sean mínimos.

La perspectiva de la compañía para año fiscal de 2015 sigue proyectando que las ventas se mantengan iguales y las ganancias por acción diluidas derivados de operaciones que continúen, en un rango de entre 4.35 y 4.50 dólares por acción.

La compañía Clorox informará su estado fiscal financiero de 2015 el 31 de octubre, cuando comunique los resultados del primer trimestre. Adicionalmente, en concordancia con la culminación de la planilla 10-Q del primer trimestre, la compañía proveerá resultados históricos que reflejen el negocio en Venezuela como operaciones discontinuadas.