Tratamiento de las Pérdidas Acumuladas en Venezuela

Mayo 9, 2014 

Introducción y Objetivo

En Venezuela se ha venido observando recientemente que ciertas empresas han reportado pérdidas importantes en razón del reconocimiento de diferencias en cambio derivadas de su endeudamiento en moneda extranjera. Algunas entidades han informado que tendrán que registrar pérdidas importantes porque no han logrado el reconocimiento del ejecutivo nacional para el pago de sus acreencias en moneda extranjera con divisas preferenciales. Otras han comunicado que tendrán que reconocer pérdidas significativas porque habían hecho importaciones o suministrado servicios en el extranjero amparándose en autorizaciones con divisas preferenciales que no serán honradas por el ejecutivo nacional a los tipos de cambio a los cuales fueron solicitadas y aprobadas.

Cualquier entidad puede reportar pérdidas por otros conceptos o por una combinación de otras transacciones y el problema cambiario. Solamente a efectos de profundizar un poco en el estudio del origen de las pérdidas cambiarias en Venezuela, me referiré brevemente a las situaciones confrontadas en el pasado y a las que actualmente enfrentan las entidades que operan en el país.  

El objetivo de este trabajo es suministrar opciones que permitan orientar a los interesados sobre la forma de evaluar y resolver el problema de las pérdidas acumuladas (déficit) en el estado de situación financiera, mediante la aplicación de las disposiciones del Código de Comercio y en el entorno de los principios de contabilidad de aceptación general de Venezuela.

Breve Análisis de los Orígenes de las Pérdidas Cambiarias

Desde el año 1983 se han instaurado cuatro mecanismos de controles de cambio en Venezuela, a saber:

·        Febrero 1983 a Febrero 1989: La Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI)

·        Julio 1994 a Julio 1996: La Oficina Técnica de Administración Cambiaria (OTAC)

·        Febrero 2003 a Abril 2014: La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI)

·        Abril 2014 a la fecha: El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX)

Durante la vigencia de cada mecanismo se han producido graves y serias distorsiones en la tasa de cambio de la moneda venezolana frente a las monedas extranjeras debido a múltiples factores imposibles de evaluar o mencionar en este trabajo. Sin embargo, lo que interesa examinar ahora es cómo utilizar las experiencias anteriores para sacar ventajas de la situación actual por el grave deterioro que han sufrido las entidades venezolanas que están obligadas a realizar transacciones en moneda extranjera debido a la naturaleza de sus negocios.

Este trabajo intenta abordar un enfoque analítico que pueda servir a entidades que están sufriendo pérdidas en sus operaciones debido al problema cambiario. No explicaré los orígenes de esas pérdidas ya que sus causas son suficientemente conocidas por todos los interesados en los asuntos financieros de las entidades venezolanas. Sin embargo, para hacer uso de la experiencia es necesario conocer cómo fue el pasado y cuáles fueron las decisiones que se tomaron en otras épocas, para determinar si esas experiencias pueden ser utilizadas nuevamente.

La Situación durante la Vigencia de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI): Febrero 1983 – Febrero 1989

Al inicio de la vigencia de RECADI, en 1983, el Ministerio de Hacienda de la época, luego de la devaluación del bolívar, dispuso un régimen cambiario con tres tipos de cambios diferentes controlados por medio del Banco Central de Venezuela (BCV): Bs4,30/US$1 para el pago de la mayor parte de las importaciones de bienes y servicios, la deuda externa pública, los intereses de la deuda privada y remesas para estudiantes; otro tipo de cambio de Bs6/US$1 para los bienes y servicios considerados como no esenciales; y otro de Bs9/US$1 para las ventas efectuadas por el BCV por debajo del precio del mercado libre. Adicionalmente, existía el tipo de cambio del mercado libre que fluctuaba libremente, siempre por encima de las tasas preferenciales de RECADI.

Sucesivamente, los tipos de cambio fueron modificados y se cambiaron también las reglas del juego, lo que originó fuertes pérdidas para las entidades que habían contraído deudas en moneda extranjera al amparo de las leyes y las regulaciones anteriores al establecimiento del control de cambio. Desde diciembre de 1986, el tipo de cambio de RECADI estaba fijado en Bs14,50/US$1, con diversas modalidades y exigencias para las entidades y las personas naturales. También se inició durante esa etapa el registro de la deuda privada externa que sería pagada con divisas preferenciales (Bs4,30/US$1 en un plazo de cinco años), aunque ese compromiso nunca se cumplió por la poca disponibilidad que tenía el país en esos años. Cuando se levantó el control de cambio de RECADI en febrero 1989, el tipo de cambio nominal era de Bs40/US$1, similar para la fecha al tipo de cambio libre. La gran mayoría de las empresas que cumplieron los requisitos para obtener divisas para el pago de sus deudas en moneda extranjera, nunca lo pudieron lograr, teniendo que asumir las pérdidas cambiarias correspondientes.

Durante los primeros impactos del control, cuando el tipo de cambio preferencial fue fijado en Bs7,50/US$1 (febrero 1984), las entidades acusaron el efecto demoledor de las pérdidas cambiarias exigiendo a las autoridades contables un pronunciamiento claro para su tratamiento.

No estaban en vigencia para la época ni las DPC y menos las NIIF, y por ello la Federación de Colegios de Contadores de Venezuela (FCCPV) se vio obligada a emitir una norma “provisional” para manejar el espinoso asunto de las pérdidas cambiarias dictando un normativa que, más o menos, decía lo siguiente:

“Las diferencias de cambio originadas en la deuda legalmente contraída por las entidades podían ser tratadas de tres maneras:

                              1.        Si estaban relacionadas con la adquisición de activos monetarios, se podían imputar al costo de dichos activos, siempre y cuando, cuando se trataba de inventarios, éstos no hubiesen sido vendidos;

                              2.        Si estaban relacionadas con un préstamo que cumpliera con unas determinadas características, se podían llevar a cargos diferidos y amortizarse durante el tiempo de vigencia del préstamo; y

                              3.        Todas las demás no incluidas en las categorías anteriores, se tenían que llevar a los resultados.

En realidad, esa fue una solución pasajera, ya que las entidades habían contraído las deudas bajo sus condiciones originales y pocas podían demostrar claramente que podían “diferir” las pérdidas mediante los tratamientos indicados en 1 y 2 anteriores. El resultado final fue que las entidades debieron reconocer el efecto de las pérdidas en los resultados, produciéndose los impactos adversos en su situación financiera que demandaban una solución legal ante la presentación de pérdidas acumuladas en sus estados de situación financiera.

Posteriormente, el ejecutivo nacional anunció que las deudas en las que habían incurrido muchas empresas no serían reconocidas al tipo de cambio preferencial, lo que agudizó el problema e incrementó el impacto de la devaluación. Se produjo entonces una situación en la que ciertas entidades comenzaron a presentar déficits o pérdidas acumuladas en sus estados de situación financiera que comprometían su estatus frente al Código de Comercio, sus proveedores y sus empleados, ya que esas entidades estaban en situación legal de “quiebra”. Esto lo explicaré más adelante.

En los casos de entidades que habían contraído las deudas con sus casas matrices o con empresas relacionadas o filiales, se evaluó la posibilidad de que las pérdidas fueran absorbidas por las matrices, pero en muchos casos esa decisión no fue posible tomarla en vista de ciertos efectos legales e impositivos que afectaban a las entidades involucradas (las matrices extranjeras y sus filiales en Venezuela).

La Situación durante la Vigencia de la Oficina Técnica de Administración Cambiaria (OTAC): Julio 1994 – Julio 1996

En la fecha en la que se inició esta segunda etapa de los controles cambiarios más recientes, el bolívar se había continuado devaluando por efectos de las transacciones en el mercado libre mediante el mecanismo de flotación, lo que determinó que el tipo de cambio alcanzara la cifra de Bs170/US$1. A continuación de lo que se denominó la crisis bancaria de 1994, se decretó un nuevo control de cambios que sería administrado por la OTAC; se estableció un tipo de cambio único equivalente a la cifra antes mencionada y no se contempló la posibilidad de un mercado de cambios paralelo, aunque efectivamente el mercado negro absorbió las distorsiones de la moneda venezolana.

Nuevamente, las entidades que mantenían deudas en moneda extranjera se vieron comprometidas para su pago ante la negativa de la OTAC a otorgar las divisas correspondientes. Esa institución estableció la obligación de registro de la deuda privada externa hasta concurrencia con el saldo neto de los activos y pasivos financieros y comerciales identificados, después de lo cual se procedería a la entrega de divisas al tipo de cambio preferencial. Eso tampoco ocurrió y las entidades que no se habían preparado adecuadamente; las que no pasaron por la experiencia de RECADI y las que, simplemente, no evaluaron oportuna y adecuadamente los riesgos de endeudarse en moneda extranjera, hubieron de confrontar la necesidad de registrar las pérdidas cambiarias correspondientes, con el consiguiente impacto negativo en su situación financiera.

La Situación durante la Vigencia de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI): Febrero 2003 – Abril 2014 y del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX): Abril 2014 a la fecha

Desde Julio 1996 hasta Febrero 2003 se aplicaron medidas de bandas cambiarias y de flotación controlada de las divisas extranjeras, llegando a alcanzar el tipo de cambio de Bs1.600/US$1 cuando se estableció un nuevo control de cambios bajo la administración de CADIVI. Posteriormente, ocurrieron dos nuevas devaluaciones importantes, una en febrero 2004, cuando se estableció el tipo de cambio en Bs1.920/US$1 y la segunda en abril 2005, cuando se ubicó en Bs2.150/US$1. Mediante las medidas de reconversión monetaria de 2007, el tipo de cambio quedó reconvertido a Bs2,15/US$1. En enero 2010 se decretó una nueva devaluación que llevó el tipo de cambio a Bs4,30/US$1 y en febrero 2013 otra devaluación fijó el tipo de cambio preferencial en Bs6,30/US$1.

Con el decreto de la nueva devaluación de enero 2010, se estableció que la deuda privada externa  (y sus intereses) sería pagada con divisas calculadas al tipo de cambio preferencial de Bs4,30/US$1, en vez del tipo de cambio fijado en 2003 de Bs2,15/US$1. Es posible que muchas entidades que habían contraído deudas en moneda extranjera en 2003 las hayan pagado si recibieron divisas al último de los tipos de cambio mencionado. Si no lo pudieron lograr, debieron reconocer las pérdidas cambiarias reconocidas después de adquirir las divisas mediante otros mecanismos legales para la época, como las transacciones de permuta.

Presumiblemente, y en vista de los cambios en los esquemas y leyes cambiarias, muchas de las entidades que acostumbraban a endeudarse en moneda extranjera confiando que el gobierno nacional les entregaría las divisas mediante el pago de tipos de cambio preferenciales, no continuaron haciéndolo, limitándose a solicitar divisas, pagándolas cuando se las otorgaban y contabilizando los contravalores en bolívares sin reconocer ninguna pérdida cambiaria.

Sin embargo, después que la moneda nacional fue devaluada a Bs6,30/US$1, se observan otros fenómenos económicos que están afectando a ciertas empresas que, confiando en lo dispuesto en los convenios y resoluciones cambiarias, suministraron bienes y servicios bajo el amparo de autorizaciones de divisas que no han sido reconocidas por el gobierno nacional para ser pagadas a los tipos de cambio originales a las cuales fueron solicitadas y aprobadas.

En mi reciente trabajo “Tasas de Cambio Múltiples en Venezuela – Un Problema Contable” expliqué en forma extensa la complejidad actual que enfrentan las entidades por la gran cantidad de tipos de cambio existentes en la actualidad. Los interesados en obtener información actualizada pueden leer ese trabajo haciendo click aquí. Los nuevos tipos de cambio existentes en la actualidad permiten visualizar que muchas de las entidades a las que me referí en el párrafo anterior, tendrán que aceptar la entrega de divisas mediante el pago de mayores cantidades en moneda nacional que las que habían planificado y, por tanto, experimentarán pérdidas cambiarias al tener que desembolsar más dinero que el que habían previsto pagar originalmente.

En conclusión y después de analizar la trayectoria por la que han tenido que pasar las entidades desde 1983 a la fecha, se observa que por los incumplimientos del gobierno nacional; por la falta de previsión y de anticipación de los administradores y accionistas de las entidades; y por la extrema confianza puesta en las regulaciones cambiarias, muchas empresas han tenido que reconocer pérdidas en sus estados financieros, las que en muchos casos, probablemente, han puesto en peligro la continuidad de sus negocios.

Análisis de las Implicaciones Legales

En términos sencillos, los impactos de las devaluaciones ocurridas en Venezuela durante los últimos 30 o más años que han pasado desde 1983, en muchas entidades han causado pérdidas cambiarias que, irremediablemente, por una vía o por otra, van a los resultados primero y luego al patrimonio. El resultado es que muchas entidades afectadas han tenido o están reportando pérdidas acumuladas o déficit en sus estados de situación financiera. La consecuencia lógica es que el déficit puede representar una porción significativa del capital social de las entidades, que es, al final, lo que se evalúa como objetivo final de este trabajo.

El Código de Comercio Venezolano (CCV) establece en dos de sus artículos cuáles son las consecuencias en el caso de que una entidad reporte un déficit en su estado de situación financiera y las acciones que deben aprobar los accionistas.

Por una parte, el Artículo 264 del CCV dispone lo siguiente:

“Cuando los administradores reconozcan que el capital social, según el inventario y balance ha disminuido un tercio, deben convocar a los socios para interrogarlos si optan por reintegrar el capital, o limitarlo a la suma que queda, o poner la sociedad en liquidación.

Cuando la disminución alcance a los dos tercios del capital, la sociedad se pondrá necesariamente en liquidación, si los accionistas no prefieren reintegrarlo o limitar el fondo social al capital existente.”

Luego, el Artículo 340 del mismo instrumento establece lo siguiente:

“Las compañías de comercio se disuelven:

1º Por la expiración del término establecido para su duración.

2º Por la falta o cesación del objeto de la sociedad o por la imposibilidad de conseguirlo.

3º Por el cumplimiento de ese objeto.

4º Por la quiebra de la sociedad aunque se celebre convenio.

5º Por la pérdida entera del capital o por la parcial a que se refiere el artículo 264 cuando los socios no resuelven reintegrarlo o limitarlo al existente.

6º Por la decisión de los socios.

7º Por la incorporación a otra sociedad.”

Actualizando los términos y resumiendo lo copiado anteriormente, lo que dispone el CCV en el Artículo 264 es que si los administradores de una entidad reconocen que se ha incurrido en pérdidas acumuladas como para que éstas alcancen un tercio (1/3) del capital social, deben exigirle a los accionistas que decidan el reintegro del capital perdido; la disminución del capital hasta el monto que queda; o declaran a la entidad en situación de liquidación. Pero si las pérdidas alcanzan los dos tercios (2/3) del capital social, los accionistas deberán liquidar a la entidad a menos que decidan reintegrar las pérdidas o disminuir el capital al monto que quede.

Por su parte, el Artículo 340 establece como causa de disolución de la entidad el hecho de que las pérdidas acumuladas sean iguales (o superiores) al capital social; y también es causal de disolución el hecho de que los accionistas no tomen una decisión cuando se deban reintegrar las pérdidas o disminuir el capital como lo dispone el Artículo 264.

Resumiendo los dos artículos se concluye en lo siguiente:

     

      1)     Si las pérdidas acumuladas son iguales a 1/3 del capital social, pero inferiores a 2/3, los accionistas deben optar por:

a)     Reintegrar las pérdidas acumuladas; o

b)     Disminuir el capital al monto que quede; o

c)     Declarar a la entidad en liquidación.

     2)     Si las pérdidas acumuladas son iguales (o mayores) a 2/3 del capital social, la entidad debe ser liquidada a menos que los accionistas:

a)     Decidan reintegrar las pérdidas acumuladas; o

b)     Disminuyan el capital al monto que quede.

     3)     Si las pérdidas acumuladas son superiores al capital social, los accionistas deben decidir la liquidación de la entidad o reponer las pérdidas.

Lo establecido en el CCV obliga a los accionistas a tomar una decisión según lo explicado, pero también puede ser utilizado por cualquier acreedor o trabajador de la entidad, o incluso a la administración de impuestos para solicitar la liquidación de la entidad si los accionistas no toman ninguna decisión. De allí la importancia de aplicar adecuadamente y utilizando todas las ventajas posibles la ley y los principios de contabilidad para evitar la liquidación forzosa de la entidad.

Análisis Contable

El concepto de capital es muy “sencillo” cuando se analiza el CCV, ya que ese instrumento data de una época cuando las actividades comerciales, la contabilidad y las leyes eran menos complejas que en la actualidad. Sin entrar en la consideración de asuntos legales, debemos analizar qué se debe considerar como capital social de acuerdo con los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela, es decir, los VEN-NIIF. Las entidades que utilicen este trabajo como base para decisiones, deben consultar a sus asesores legales antes de tomarlas.

De acuerdo con los VEN-NIIF, el patrimonio es la diferencia que queda después de restar a los activos los pasivos de la entidad. Las partidas integrantes del patrimonio son: el capital social, las utilidades retenidas o las pérdidas acumuladas, la reserva legal, las reservas estatutarias y las voluntarias, y cualquier otra partida como los aportes de los accionistas por capitalizar. Adicionalmente, se parte de la base de que el análisis debe hacerse con base en los estados financieros separados de la entidad; es decir, no se puede trabajar con estados financieros consolidados y los estados separados deben cumplir en un todo con lo establecido en los VEN-NIIF para evitar distorsiones indeseadas o inconvenientes.

Como complemento, debe tomarse en cuenta que los estados financieros de las entidades en Venezuela están ajustados por los efectos de la inflación, lo que supone que todas las partidas del patrimonio están presentadas después de reconocer esos efectos, incluyendo las propias pérdidas acumuladas. De acuerdo con los VEN-NIIF, todas las partidas del patrimonio deben reexpresarse (o reajustarse) por efectos de la inflación; por tanto, el capital social debe ser reexpresado, así como todas las demás partidas integrantes del patrimonio. Entonces, el capital social histórico no cuenta para este análisis contable.

Cualquier evaluación que se haga sobre la base de cifras históricas no será válida de acuerdo con los VEN-NIIF y si se toman decisiones legales utilizando esas bases podrían surgir consecuencias que no estoy en posición de evaluar.

Veamos dos sencillos ejemplos para determinar cómo se pueden aplicar soluciones para eliminar lo establecido en los Artículos 264 y 340 del CCV:

Ejemplo 1 (en miles de bolívares)

Patrimonio de la Entidad:
Capital Social Actualizado	300.000
Déficit (Pérdidas Acumuladas)	(150.135)
Reserva Legal	30.000
Reserva Voluntaria	5.000
Patrimonio Neto	184.865

En este ejemplo, el déficit representa más del 50% del capital social, sin considerar las reservas, pero cuando éstas se toman en cuenta, el déficit representa el 38,37%, más de 1/3 pero menos de 2/3 del capital social. La conclusión es que para aplicar lo establecido en el CCV, el déficit debería ser “compensado” con las reservas ya que legalmente esas reservas son consideradas como “partidas preservadoras del capital”. En este ejemplo, los accionistas de la entidad deben aplicar lo establecido en el Artículo 264 y para ello podrían aplicar las siguientes alternativas, tomando en cuenta que se pueden tomar dos decisiones: 1) reponer las pérdidas acumuladas o 2) rebajar el capital al monto que queda. Veamos cómo se podrían aplicar las alternativas:

Patrimonio de la Entidad:	Situación Original	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 2 Modificada
Capital Social Actualizado	300.000	450.000	150.000	185.000
Déficit (Pérdidas Acumuladas)	(150.135)	(150.135)	(135)	(135)
Reserva Legal	30.000	30.000	30.000	0
Reserva Voluntaria	5.000	5.000	5.000	0
Patrimonio Neto	184.865	304.865	184.865	184.865

El concepto de “reposición de pérdidas” en la Alternativa 1 se ha interpretado muchas veces como que habría que aumentar el capital a un monto tal que se impida que las pérdidas acumuladas dejen de representar el 33,33% (1/3) del capital social. En el ejemplo, al aumentar el capital hasta Bs450.000, el déficit neto (Bs115.135) pasa a representar el 25.59% del capital social y se soluciona el problema legal. En este caso, los accionistas deben hacer un nuevo aporte de capital de Bs150.000. El aumento de capital puede ser hecho por la vía de la emisión de nuevas acciones o mediante el incremento del valor nominal de las acciones.

En la Alternativa 2, la solución es más sencilla y más pragmática, aunque a muchos empresarios no les agrada la acción de rebajar el capital social, ya que para ellos eso crea una imagen de debilidad de la entidad. En realidad, es un asunto de apreciación y de legalidad. Al rebajar el capital, se elimina el problema legal; la entidad inicia una nueva etapa con un patrimonio más limpio y los accionistas no tienen que aportar nuevos fondos a la entidad. Mediante esta alternativa, el capital nominal permanece sin cambios.

En la Alternativa 2 Modificada, la rebaja del capital social va acompañada de la eliminación de la reserva legal y de la reserva voluntaria, con lo cual se utilizan ambas reservas para aumentar el valor absoluto del capital. Mediante esta alternativa, el capital nominal permanece intacto.

Si se comparan las tres alternativas, en mi opinión la Alternativa 1 es más costosa para los accionistas, aparte de que la situación legal todavía permanece relativamente comprometida, ya que el déficit neto es inferior a lo establecido en el Artículo 264 en apenas un 8%. Es decir, cualquier nueva pérdida puede retroceder a la entidad a la etapa anterior de un déficit igual o mayor al 33,33% (1/3) del capital social. Tomando en cuenta ese análisis, mi recomendación es aplicar cualquiera de las Alternativas 2 o 3.

Una vez que se resuelva el problema legal mediante cualquiera de las Alternativas 2 o 3, los accionistas pueden decidir un aumento de capital social mediante la inyección de nuevos fondos a la entidad, con lo cual se refuerza su situación financiera y los usuarios de los estados financieros observan una posición equilibrada y razonable de los accionistas al tratar de mantener estable a la entidad.

En el caso de que la entidad haya reportado pérdidas acumuladas en exceso de 2/3 del capital social (66,66%), algunas soluciones para evitar la aplicación de los Artículos 264 y 340, simultáneamente, podrían ser las siguientes:

Ejemplo 2 (en miles de bolívares)

Patrimonio de la Entidad:
Capital Social Actualizado	300.000
Déficit (Pérdidas Acumuladas)	(240.135)
Reserva Legal	30.000
Reserva Voluntaria	5.000
Patrimonio Neto	94.865

En este ejemplo, el déficit representa el 80% del capital social, sin considerar las reservas, pero cuando éstas se toman en cuenta, el déficit representa el 68,37%. Como indiqué anteriormente, el déficit debe ser “compensado” con las reservas ya que legalmente esas reservas son consideradas como “partidas preservadoras del capital”. En este ejemplo, los accionistas de la entidad deberían aplicar lo establecido en los Artículos 264 y 340 simultáneamente, y para ello podrían aplicar las siguientes alternativas, tomando en cuenta que se pueden tomar dos decisiones que no implican la liquidación de la entidad: 1) reponer las pérdidas acumuladas o 2) rebajar el capital al monto que queda. Veamos cómo se aplican las alternativas:

Patrimonio de la Entidad:	Situación Original	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 2 Modificada
Capital Social Actualizado	300.000	620.000	60.000	95.000
Déficit (Pérdidas Acumuladas)	(240.135)	(240.135)	(135)	(135)
Reserva Legal	30.000	30.000	30.000	0
Reserva Voluntaria	5.000	5.000	5.000	0
Patrimonio Neto	94.865	414.865	94.865	94.865

Para aplicar la Alternativa 1 como se hizo en el Ejemplo 1, los accionistas deben aumentar el capital social hasta un monto que represente, por lo menos, 3 veces el déficit menos las reservas [(240.135 – 35.000) * 3] = 615.405, redondeado a 620.000. Siendo el capital social de Bs300.000, los accionistas tendrían que aportar Bs320.000, una cantidad sumamente importante para lograr que el déficit neto represente “solamente” el 33,09%, muy cerca del límite más bajo del Artículo 264. Esta Alternativa parece muy costosa y poco razonable puesto que con una pequeña pérdida adicional, la entidad puede regresar a la situación del Artículo 264.

En la Alternativa 2, el problema se soluciona más fácilmente, ya que si el déficit se aplica al capital para cumplir con el requisito del “reintegro de las pérdidas”, la entidad queda fuera de las situaciones descritas en el CCV. El gran problema de esta solución es que la entidad pasa a tener un capital muy bajo y, aparte del problema de imagen, es probable que con ese capital social tan bajo no pueda operar eficientemente, máxime si ha venido reportando pérdidas continuas. Se justifica, entonces, analizar la posibilidad de aplicar una solución mixta de reposición de pérdidas primero y de aumento de capital posteriormente. Para llevar el capital hasta el monto que anteriormente tenía la entidad, los accionistas solamente tendrían que aportar adicionalmente Bs240.000. Esta solución parece más apropiada y razonable.

En la Alternativa 3 puede aplicarse una solución combinada, eliminando las reservas contra el déficit primero y disminuyendo el capital con el monto neto del déficit. Así, el capital queda disminuido a Bs95.000 y sólo queda un pequeño déficit manejable. Igual que en la solución anterior, los accionistas podrían considerar la posibilidad de aumentar el capital hasta el monto original y el aporte a pagar sería de Bs205.000.  

Capitalización de Acreencias

En los casos de entidades nacionales que adeudan montos a sus compañías matrices o relacionadas del extranjero, en el pasado se ha aplicado la solución de “capitalizar” las deudas. Bajo esta posibilidad, los accionistas deciden “condonar” las deudas de la entidad transformándolas en capital social mediante una decisión de asamblea que establece si se emiten nuevas acciones o si se aumenta su valor nominal.

La capitalización de acreencias encaja en los ejemplos vistos anteriormente y se pudiera aplicar una combinación de las alternativas examinadas tomando en cuenta la cuantía de las pérdidas y el tamaño del capital social.

El inconveniente de esta acción es que se puede considerar que la condonación de la deuda es gravable con el impuesto a las donaciones. Por lo tanto, las entidades que deseen explorar esta posibilidad, deben consultarla antes con sus abogados.

Las Pérdidas por Traducción

Estas pérdidas se producen cuando se traducen (convierten) los estados financieros de las entidades venezolanas, de la moneda funcional a la moneda de reporte, las cuales se reconocen en el estado de resultados integrales de la casa matriz. Estas pérdidas no se reportan localmente, ya que las afectadas son las entidades extranjeras propietarias de las acciones de las filiales (subsidiarias) nacionales. Por lo tanto, no aplica el análisis de los efectos del CCV.

En un trabajo posterior me referiré extensamente al origen de las pérdidas por traducción que ahora están reportando las entidades extranjeras que tienen subsidiarias en Venezuela. Es un problema que se ha dejado avanzar indebidamente, en mi opinión, creando un grave perjuicio para los accionistas minoritarios de las entidades extranjeras que operan en Venezuela, ya que los administradores no accionaron diligente y oportunamente para reconocer esas pérdidas a medida que se iban conociendo. Lo que se ha hecho es “diferir” el reconocimiento de las pérdidas por traducción y ahora la información sobre esas pérdidas forma parte de las noticias destacadas en los medios de comunicación nacional y del extranjero.

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