Para
Qué Sirven los Estados Financieros en Venezuela?
Introducción
El Marco Conceptual de
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) establece que el
objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar
información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a inversores,
prestamistas y otros acreedores existentes, y otros interesados para la toma de
decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad y para otros objetivos.
La información financiera se presenta en estados financieros acompañados de las
notas que contienen las revelaciones contables y otros datos de importancia
para los que lo utilizan para propósito general. Los principios de contabilidad
de aceptación general que están representados por las NIIF en el caso
venezolano, son los que determinan cómo se presenta la información financiera
para satisfacer los intereses de propietarios, prestamistas, acreedores,
organismos de control e impositivos y otros usuarios interesados en dicha
información.
De acuerdo con lo
establecido en los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Venezuela, los estados financieros de las entidades que operan en esa
jurisdicción, deben ser elaborados aplicando principios denominados VEN NIIF,
los cuales son una versión modificada de las NIIF Completas y de la NIIF para
las PyMES (de ahora en adelante, en conjunto, “las NIIF”), pues esas normas han
tenido que ser adaptadas parcialmente a la realidad de Venezuela a medida que
se han presentado ciertas situaciones específicas del país que, probablemente,
no ocurren en otras jurisdicciones. Esas modificaciones tienen que ver,
fundamentalmente, con el ajuste por inflación y con las normas que rigen la
contabilidad de la moneda extranjera, pero existen situaciones derivadas de las
actividades económicas y financieras del país, así como otras disposiciones
gubernamentales que han obligado a la institución que rige a la profesión
contable, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV),
a evaluar soluciones que deben aplicar las entidades para elaborar estados
financieros que sean razonables y que se puedan comparar con los de otros
países. La búsqueda de esas soluciones no ha sido completa y, en mi opinión, la
información financiera que están presentando muchas entidades, principalmente
las pequeñas y medianas, no ofrece todas las garantías para que los usuarios de
la misma puedan tomar decisiones acertadas y bien soportadas.
Desde hace algún tiempo se
ha venido observando que con la adaptación de las NIIF a la situación
venezolana se presenta el fenómeno de que los estados financieros elaborados
bajo los VEN-NIF se están diferenciando más y más de los que elaboran las
entidades de otros países cuando aplican las NIIF tal y como fueron promulgadas
por el IASB,
y podría llegarse al extremo de preguntar si los estados financieros de las
entidades venezolanas que aplican los VEN-NIF realmente presentan
razonablemente la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de
efectivo de las entidades de acuerdo con las normas internacionales. Mi opinión
provisional es negativa: los estados financieros de las entidades venezolanas
se presentan para cumplir con las normas locales, pero esas normas se alejan o
se han ido diferenciando de las NIIF y sería necesario determinar el grado de
desviación y sus efectos sobre las cifras contables a efectos de comparación
con otras entidades en el mundo. Es un trabajo para expertos contables quienes,
incluso, pudieran sentirse impedidos de realizarlo por las características tan
especiales de la situación venezolana.
Marco General Bajo el Cual Reportan las
Entidades Venezolanas
He podido identificar cinco
circunstancias principales que contribuyen a forjar la duda sobre los estados
financieros preparados bajo los VEN-NIF actuales:
1. La reforma local
de las NIIF que se inició apenas la FCCPV aprobó su aplicación en Venezuela y la
cual alteró la forma de aplicar las normas sobre el ajuste por inflación.
2. Las
dificultades económicas del país que llevaron al ejecutivo nacional a
establecer un control de cambios desde el año 2003, que no ha sido desmontado
hasta ahora y que a la fecha se ha convertido en un verdadero reto para los
contadores por las implicaciones que esas medidas han significado en la
preparación de los estados financieros. Por esas razones, la FCCPV aprobó
modificaciones a las normas para el reconocimiento de activos y pasivos en
moneda extranjera buscando resolver la problemática que han venido confrontado
las entidades para lograr una presentación razonable de esos rubros y de los
efectos que producen en el estado de resultados.
3. La aprobación
de leyes para controlar los precios de los bienes y servicios porque las
entidades se han visto obligadas a cambiar ciertos procedimientos contables
para evitar sanciones por parte de los reguladores gubernamentales que pueden
llegar hasta la confiscación de los negocios. Sobre este asunto la FCCPV ni siquiera
ha emitido opinión sobre ciertos aspectos de carácter contable.
4. El ambiente
de negocios y la operación de las entidades que están siendo alterados a medida
que el ejecutivo nacional ha aprobado leyes y reglamentos para controlar muchas
actividades, al punto de que algunas entidades (nacionales y extranjeras) han
optado por el cierre de sus establecimientos en la imposibilidad de mantener operaciones
rentables porque ni siquiera pueden producir.
5. La falta generalizada
de información estadísticas oficiales y en especial de la que es necesaria para
elaborar el ajuste por inflación, lo cual ha llevado a la FCCPV a dictar una normativa
que traerá consecuencias importantes, aun no medidas, sobre la situación
financiera y los resultados de las entidades que reportan aplicando los VEN-NIF.
El Ajuste por Inflación
y sus Controvertidos Efectos
La FCCPV modificó las
NIIF cuando decidió que, independientemente de lo que establecen esas normas las
entidades deben reconocer los efectos de la inflación en sus estados financieros
preparados de acuerdo con VEN-NIF, cuando el porcentaje acumulado de inflación
durante su ejercicio económico sobrepase un (1) dígito. Las NIIF establecen que
para aplicar el ajuste por inflación en la jurisdicción donde opera la entidad,
la inflación debe sobrepasar el 100% acumulado en tres años. Sin embargo lo
dispuesto en los VEN-NIF ha quedado sin efecto porque la inflación en Venezuela
sobrepasa el nivel del 100% desde noviembre del año 2009 y se ha mantenido en
niveles elevadísimos desde esa fecha, sin perspectivas de su disminución en el
futuro.
De forma automática,
hasta el fin del año 2014, las entidades han venido aplicando el ajuste por
inflación en sus estados financieros tomando en cuenta los índices publicados
por el Banco Central de Venezuela (BCV) pero muchas de ellas no han considerado
lo relacionado con la presentación de los activos no monetarios, principalmente
las propiedades, planta y equipo (PP&E), las cuales se muestran en el
estado de situación financiera por los montos ajustados por inflación sin evaluar
si esas cantidades son razonables. Es decir, muchos contadores piensan que al
hacer el ajuste por inflación de las PP&E ya se cumplió con los VEN-NIF,
sin evaluar si los valores que están presentando en el estado de situación
financiera de las entidades son razonables. Si se toma en cuenta que en los
últimos siete años la inflación acumulada es de más del 700%, cualquiera pudiera
asumir que las PP&E en esos estados financieros no se presentan
razonablemente si no se reconoce el deterioro del valor de dichos activos, ya
que los valores razonables de esos activos en las actuales circunstancias no
permitirían recuperar el valor en libros, es decir el monto ajustado por
inflación (neto de la correspondiente depreciación acumulada). En síntesis, las
PP&E se estarían presentando en los estados financieros por montos no
razonables, a menos que las entidades hayan reconocido el deterioro del valor o
demuestren que los valores en libros son recuperables a los precios de mercado existentes
a la fecha de reporte.
No me referí en el
párrafo anterior a los inventarios, los cuales, en la teoría contable deben ser
considerados como activos no monetarios. En Venezuela se presenta una situación
especialísima porque, en mi opinión (y la de algunos expertos contables), los
inventarios no deberían considerarse activos no monetarios. Se basa esta
afirmación en el hecho de que desde que apareció la Providencia No. 003/2014 de
la SUNDDE, las entidades venezolanas se han visto en la obligación de “ajustar”
el precio de venta de los inventarios hasta un determinado nivel, lo que
incluye ciertos costos permitidos por los principios contables y otros
elementos introducidos en ese instrumento legal como el denominado “margen de
ganancia”.
Cuando las entidades se
ven obligadas por una ley a limitar el costo de los inventarios a un monto que
no puede sobrepasar al precio de venta menos el margen de ganancia legal (que
actualmente es de 30%), los principios de contabilidad dejan de ser relevantes.
Muy sencillamente expuesto porque es más complicado que como a continuación lo
explico, si una entidad adquiere o elabora un bien cuyo “costo legal” alcanza
la suma de Bs100, de acuerdo con la ley no puede venderlo por más de Bs130.
Adicionalmente hay que tomar en cuenta que si el bien está regulado, como
muchas veces sucede, el vendedor no puede ofrecerlo por un precio mayor al
monto regulado. Cuando se presenta esta situación, ya de antemano se conoce el
valor neto realizable del inventario el cual es el precio regulado. Cuántas
entidades están vendiendo sus productos con pérdidas es una pregunta sin
contestación, pero seguramente muchas han tenido que ajustar el costo contable
de los inventarios para llevarlo al “costo
legal” y así evitar la imposición de sanciones del organismo regulador.
Probablemente, otros contadores no se han percatado de esta situación y
mantienen en los libros de sus entidades cantidades que no pueden imputarse al
costo de los inventarios y no los han dado de baja porque nadie les ha
advertido que esos montos no son recuperables bajo las circunstancias actuales.
Según una definición muy
usada, los activos monetarios son aquellos cuyos montos se fijan en términos de
unidades monetarias, de forma independiente a los cambios en el nivel general
de precios. Es decir, son activos que tienen un valor nominal fijo en la moneda
del país. Los activos no monetarios son aquellos cuyo poder adquisitivo no
varía, ya que independientemente de la cantidad de unidades monetarias en que
estén expresados, conservan su valor intrínseco ya sea en periodos de inflación
o deflación. Como en Venezuela prácticamente hay un tope impuesto legalmente para
medir los inventarios, ello significa que estamos en presencia de una situación
en la cual las entidades tendrían que considerarlos como activos monetarios y,
por tanto, no se podrían ajustar por los efectos de la inflación. Visto de otra
manera: en Venezuela los inventarios ya no conservan su valor intrínseco porque
su poder adquisitivo está fijado por un tope legal y porque prácticamente
tienen un valor nominal fijo.
En consecuencia, mi opinión es que los
inventarios deberían considerarse activos monetarios no sujetos al ajuste por inflación.
Muchas entidades siguen aplicando ese principio contable y han incrementado el
valor de los inventarios por los efectos de la inflación, sin tomar en cuenta
que dichos valores ya no son razonables y probablemente han dejado de reconocer
las pérdidas por el deterioro del valor de esos activos o las han reconocido
después que han vendido los bienes, lo cual es incorrecto. La FCCPV no se ha
pronunciado al respecto y tendría que hacerlo en breve tiempo para evitar más
inconvenientes a las entidades por este asunto.
El Problema Cambiario
En varias ocasiones me he
referido a este asunto en este Blog, pero
ahora debe ser enfocado en un contexto más específico, el de los efectos no
reconocidos en los estados financieros por el problema cambiario.
Como indiqué más arriba,
el control de cambios lleva más de 12 años de establecido y en los últimos
tiempos se ha complicado el panorama con la creación de varios tipos de cambio
(“TC”) que se diferencian entre sí significativamente. El TC más bajo,
denominado TC Cencoex es de Bs6,30/US$1; otro denominado TC Sicad fluctúa de
acuerdo con “subastas” conducidas por el BCV, siendo el último publicado a la
fecha de este trabajo de Bs12,80/US$1; y el último, denominado TC Simadi, que alcanzó
a aproximadamente Bs200/US$1 según la última publicación del BCV.
Adicionalmente existe el TC Paralelo, no legal en el país, mediante el cual se
realizan, presuntamente, operaciones muy marginales en las fronteras. A la
fecha de este trabajo el TC Paralelo había llegado a Bs680/US$1. Puede
observarse que las diferencias entre un TC y el otro son, sucesivamente
calculadas con referencia al TC Cencoex, de 103%, 2974% y 10.593%.
Por otra parte, la
información que fluye desde el BCV en relación con las operaciones realizadas
con cada TC y las entidades a las que se les asignan u obtienen divisas
utilizando los medios legales, es insuficiente y es sabido que muchas empresas
a las que supuestamente les habían garantizado un determinado TC, a la larga el
BCV no les ha suministrado las divisas a pesar de que esas entidades
depositaron los bolívares necesarios para adquirirlas.
Debido a la problemática
cambiaria, que es más confusa que lo que se menciona en los tres párrafos
anteriores, la FCCPV ha publicado ciertas normas locales denominadas
“Aclaratorias” para guiar a las entidades sobre la forma de medir activos y
pasivos en moneda extranjera. La última Aclaratoria es del 25 de enero de 2014
(ACL 2014-01) y no ha sido actualizada a la fecha aunque algunos elementos
importantes a utilizar para la medición han cambiado desde esa fecha. A efectos
de la medición de activos y pasivos en moneda extranjera, la ACL 2014-01
establece en forma muy resumida lo siguiente:
Las opciones para la medición de las partidas en
moneda extranjera son:
1. Cuando se
trate de activos de obligatoria venta al BCV o de pasivos registrados ante la
autoridad cambiaria (CADIVI o CENCOEX), se deben aplicar los TC oficiales
establecidos en los diversos convenios cambiarios suscritos entre el BCV y el
Ejecutivo Nacional. Es decir, para esos
casos deben utilizarse los TC oficiales mencionados anteriormente.
2. Cuando
los activos no sean de venta obligatoria al BCV y los pasivos no estén
protegidos por TC oficiales, la entidad debe medirlos en función a la mejor
estimación de la expectativa de los flujos futuros de bolívares, que a la fecha
de la transacción o de los estados financieros habrían de erogarse o recibirse,
según sea el caso, para extinguir las obligaciones o realizar los activos en
moneda extranjera utilizando mecanismos de intercambio o pago legalmente
establecidos o permitidos por el Estado o Leyes de la República Bolivariana de
Venezuela.
Los problemas contables
que surgen de la aplicación de la ACL 2014-01 se originan en la forma como ha
sido interpretada desde que salió la primera versión de esa norma. Hasta antes
de la promulgación de la primera Aclaratoria, muchas entidades aseguraban que
sus activos y pasivos tenían que ser medidos con el TC Cencoex (CADIVI en sus
tiempos) y alegaban que era la forma más conservadora de aplicar la norma. Sin
embargo, en el tiempo se ha demostrado que se había utilizado un argumento no
válido ya que en el caso de las entidades con pasivos en moneda extranjera,
muchas veces esas entidades no habían obtenido las divisas al TC utilizado para
la medición y luego se vieron en la obligación de adquirirlas pagando mayores
cantidades de bolívares y reconociendo pérdidas cambiarias, en algunos casos por
montos importantes, con el problema impositivo relacionado con dichas pérdidas.
Con el paso del tiempo,
las entidades han tenido que aceptar que ya no es posible obtener divisas al TC
Cencoex pues está reservado para importaciones de bienes esenciales y
medicinas, principalmente, y se han ido moviendo hacia la adquisición de moneda
extranjera con TC más altos (Sicad y Simadi), incluso algunas comprándolas en
el mercado paralelo por razones que no es oportuno explicar aquí. Sin embargo,
la realidad ha demostrado que muchas entidades no tienen ninguna seguridad de
adquirir divisas ni siquiera a esos dos tipos de cambio y esa realidad ha
ocasionado otros problemas contables.
Conocidos son los casos
de muchos importadores, líneas aéreas y prestadoras de servicios, entre otras
entidades, que han tenido que aceptar en contra de su voluntad y de sus
expectativas, que no es posible adquirir divisas pagándolas con los dos
primeros tipos de cambio oficiales y muchas han tenido que reconocer pérdidas
importantes después de que habían ofrecido infinidad de argumentos para
convencer a los usuarios de los estados financieros de que sus deudas en moneda
extranjera eran pagaderas con uno de los dos TC más bajos, cuando la realidad
ha demostrado todo lo contrario.
Probablemente para muchos
contadores estará justificado que se presenten cifras en los estados
financieros bajo un enfoque conservador porque no se desean anticipar efectos
negativos cuando las entidades tienen que afrontar situaciones como las
comentadas. Lo cierto del caso es que no es un asunto de conservatismo ni de
protección a la entidad sino de razonabilidad, ya que los principios de
contabilidad así lo establecen. Por tanto, cuando muchos propietarios, administradores
y/o contadores no admiten la realidad, pueden estar incurriendo en erróneas
interpretaciones, como se ha demostrado en este caso, y los estados financieros
de sus entidades probablemente no presentan razonablemente, en cuanto se
refiere a los activos y pasivos en moneda extranjera, ni la situación
financiera ni los resultados de sus operaciones, y se estarían difiriendo ganancias
o pérdidas hacia años futuros sin ninguna argumentación contable valedera y
contrastable. No se observan signos positivos de que la crisis cambiaria cederá
a corto plazo y, es posible que con su empeoramiento se dificulten los procesos
para reconocer adecuada y razonablemente los activos y pasivos en moneda
extranjera de las entidades venezolanas.
El Marco Legal que Afecta a la
Contabilidad
Desde la promulgación de
la Ley Orgánica de Precios Justos en enero de 2014, posteriormente modificada
en noviembre del mismo año y complementada con la Providencia No. 003/2014 ya
mencionada, muchas entidades con negocios en Venezuela han estado sometidas a
procesos sancionatorios establecidos en dicha ley debido a las actuaciones de
las autoridades de supervisión y control y a la discrecionalidad ejercida
durante esas actuaciones, al punto de que algunas empresas han cesado en sus operaciones
porque han sido prácticamente confiscadas o porque les han impuesto sanciones
tan severas que han obligado al cierre de sus negocios. La pregunta que surge
en vista de esto es: Cómo se reconocen esos hechos en los estados financieros
para que éstos resulten en información adecuada y suficiente para efectos de
propósito general?
Las sanciones establecidas
en la ley mencionada están constituidas por: 1) multas; 2) suspensión temporal de
los registros obligatorios necesarios para poder operar legalmente; 3) ocupación
temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios,
transporte de bienes, por un lapso de hasta 180 días; 4) cierre temporal de
almacenes, depósitos o establecimientos dedicados al comercio, conservación,
almacenamiento, producción o procesamiento de bienes, por un lapso de hasta 180
días; 5) clausura de almacenes, depósitos y establecimientos dedicados al
comercio, conservación, almacenamiento, producción o procesamiento de bienes; 6)
confiscación de bienes; y 7) revocatoria de licencias, permisos o
autorizaciones, y de manera especial, de los relacionados con el acceso a las
divisas.
Los temores de contadores,
administradores, directores y propietarios de las entidades ante la aplicación
de tales sanciones, han llevado a elaborar esquemas contables que son adaptados
estrictamente para cumplir con la ley, lo que puede originar como consecuencia
que los sistemas tradicionales de costeo de inventarios han sido modificados o
eliminados por la sola única razón de cumplir con las disposiciones legales. Adicionalmente,
en vista del desconcierto que se originó con la promulgación de la ley y de sus
providencias complementarias, han surgido “instructores” que ofrecen cursos,
seminarios y programas de entrenamiento, y especialistas en la elaboración de
software que ofrecen “sistemas especializados” garantizando que al aplicar los
conocimientos o los sistemas, las entidades no se verán involucradas en errores
que pueden ocasionar la imposición de sanciones como las mencionadas
anteriormente.
Los problemas contables
derivados de tales circunstancias son desconocidos, pero pueden ser anticipados
fácilmente: 1) inventarios inadecuadamente valorados, incluyendo pérdidas que
no se habrían realizado contablemente o pérdidas que se han reconocido aunque
bajo los VEN-NIF no son requeridas; 2) sobrefacturación o subfacturación de
bienes y servicios con total prescindencia de elementos de control sobre lo
contabilizado en los libros de la entidad; 3) facturas simuladas que pueden
estar elaborando algunas entidades para eludir los controles gubernamentales (lo
que originaría ingresos subvalorados por la entidad que vende y costos no
soportados adecuadamente por la entidad que compra); 4) ausencia de soportes
válidos para los registros de ventas y de compras; 5) declaraciones y pagos de
impuestos incorrectos debido a los factores anteriores; y 6) ganancias y/o
pérdidas no presentadas o presentadas inadecuadamente.
Todos los elementos
mencionados representan un riesgo de presentación distorsionada de los estados
financieros por parte de las entidades que se han visto en la necesidad o en la
obligación de adoptar prácticas inconvenientes que han sido enfocadas únicamente
hacia el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes y sus
reglamentaciones. En este Blog he contestado numerosas preguntas relacionadas
con la aplicación de la Ley de Precios Justos que van dirigidas a resolver
dudas y conflictos para aplicar sus disposiciones con el único objetivo de
impedir la imposición de sanciones. Mi opinión es que existe una tendencia
generalizada a aplicar cualquier medida, método, control o proceso que evite
esas sanciones, en detrimento importante sobre la aplicación de los VEN-NIIF y
en la presentación de los estados financieros.
El Ambiente de Negocios y la
Supervivencia de las Entidades
La elaboración de los
estados financieros aplicando los VEN-NIF es un proceso que se ejecuta casi sin
tomar en cuenta que existen disposiciones contables que deben ser evaluadas
cada vez que se reporta, es decir, cuando se presenta la información financiera
con propósito general, según se define en el Marco Conceptual. Al elaborar los
estados financieros de acuerdo con esos principios, la gerencia debe evaluar la
capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento; es decir, para
continuar como un negocio en marcha. Las NIIF (NIC 1 Presentación de Estados Financieros y Sección 3 de la NIIF para las
PyMES del mismo título) contienen los principios y las normas que deben
aplicarse para evaluar el concepto de negocio en marcha. En los VEN-NIF no se
ha modificado ninguno de esos principios.
Normalmente, los estados
financieros se elaboran bajo la hipótesis del negocio en marcha, a menos que la
gerencia haya decidido poner en liquidación a la entidad o hacer que cese su
actividad. Es decir, se supone que una entidad siempre está en funcionamiento y
que así seguirá hasta que sus estatutos, los administradores o los
propietarios, una entidad gubernamental, o un evento no previsto, determinen la
cesación de sus negocios. Eso es lo que normalmente sucede. Pero en ciertas
ocasiones, factores internos o externos pueden evidenciar, independientemente
de que los administradores o propietarios no se lo hayan planteado, que la
entidad no podría seguir funcionando porque no están dadas todas las
condiciones para que eso se cumpla.
Las NIIF establecen que
cuando se evalúa si la hipótesis de negocio en marcha es apropiada, la gerencia
debe tomar en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, lo cual
debe cubrir, cuando menos, doce (12) meses a partir del final del período sobre
el que se informa. Una entidad que cierra en diciembre deberá considerar esa
información para los próximos doce meses, o sea, hasta diciembre del año
siguiente. El grado de detalle de las consideraciones sobre el futuro dependerá
de los hechos que se presenten en cada caso.
En mi opinión, en el
ámbito de negocios de Venezuela, la obtención o procura de las divisas
extranjeras (que son el recurso financiero por excelencia de muchas entidades) es
el principal objetivo de negocios y el mayor problema de esas entidades porque han
venido enfrentando una prolongada e incrementada dificultad para obtenerlas en
un país que mantiene un estricto control de cambios desde 2003. Los recursos
financieros en moneda nacional parecen abundar en el país, a tasas de interés
relativamente bajas (comparadas con las tasas de inflación actuales) y eso
podría considerarse un factor atenuante. Pero con moneda nacional muchas
entidades no pueden operar y, obligatoriamente se ven en la necesidad de
cambiarlas por divisas extranjeras (cuando eso es posible) para asegurar la
continuidad de sus negocios.
Adicionalmente a la
problemática de las divisas, que es la principal en la actualidad, existe en
Venezuela un conjunto de situaciones, algunas de las cuales ya comenté en
secciones anteriores, que obligan a la gerencia de las entidades a revisar la
hipótesis de negocio en marcha, como las siguientes:
1.
Los controles
gubernamentales sobre costos y precios que vulneran la capacidad de la entidad
para decidir sobre la fijación de los precios de sus productos o servicios, con
la consecuente posibilidad de incurrir en pérdidas de operación continuas;
2.
Los riesgos
de una nueva y más pronunciada devaluación de la moneda nacional, lo que
impulsaría aumentos de precios que luego deben ser justificados bajo el marco
de las leyes vigentes y que de no ser aprobados producirían pérdidas en
operación al no poder recuperarse los costos con los precios de venta aprobados
por las autoridades gubernamentales;
3.
La hiperinflación
exacerbada que obliga a las entidades a los ajustes de precios bajo un marco de
controles gubernamentales como los mencionados, posiblemente sin posibilidades
de lograr ajustes en lapsos cortos de tiempo, lo que causaría pérdidas
constantes en operación;
4.
El excesivo y
complicado marco legal que obliga a las entidades al desembolso de cantidades
para el pago de beneficios sociales, impuestos, tasas y contribuciones de todo
tipo, sin conexión ninguna con el nivel de ingresos de la entidad. Es decir,
que las entidades deben hacer esos desembolsos, independientemente de que no
estén produciendo a plena capacidad;
5.
El riesgo de
cierres prolongados de plantas y almacenes si las autoridades gubernamentales
deciden que la entidad ha violado determinadas leyes, por ejemplo, la Ley de
Precios Justos;
6.
La dificultad
para importar insumos y bienes esenciales para la producción propia por la
imposibilidad de obtener divisas para la importación;
7.
La dificultad
para obtener insumos y bienes nacionales necesarios para la producción propia,
porque otros productores o importadores en el país confrontan los mismos
problemas de producción o de importación y por el alto nivel de desabastecimiento
de esos bienes e insumos;
8.
El riesgo de
reportar pérdidas continuas por la acumulación de problemas financieros y de
producción; huelgas intempestivas de trabajadores sin razón ni justificación;
tomas arbitrarias de plantas y almacenes por trabajadores y otros, sin motivos
justificados o con ellos; ventas disminuidas con costos y gastos incrementados
excesivamente por las razones antes comentadas;
9.
La incapacidad
para el pago de deudas en moneda extranjera por la no obtención de divisas por
medio de mecanismos legales del cambio de moneda y por el riesgo de incurrir en
violaciones a leyes sobre las leyes creadas al respecto si no se acude a esos
mecanismos;
10.
El riesgo
(aunque no tan significativo) de expropiación forzosa de activos de todo tipo por
decisiones no previstas ni anticipadas por el gobierno;
11.
La pérdida de
personal clave para la dirección, la producción y el mercadeo de la empresa,
por la emigración de profesionales a otros países;
12.
La incautación
de bienes por decisiones de autoridades gubernamentales que se basan en el
marco de leyes como la Ley de Precios Justos, con las consecuentes pérdidas
financieras y de capacidad de operación;
13.
El riesgo de
pérdidas en cuentas por cobrar de otras entidades que, a su vez, estarían
confrontando problemas de negocio en marcha; y
14.
Los precios
deprimidos de las propiedades inmobiliarias que se han visto afectados por el
ambiente de incertidumbre general sobre esos activos en el país.
Cuando las entidades
están afectadas por alguno o varios de los factores mencionados, el concepto de
negocio en marcha se ve comprometido y cualquier usuario de la información
financiera pudiera opinar que los estados financieros elaborados bajo esas
circunstancias sin que hayan sido reveladas y evaluadas adecuadamente por la
gerencia, no presentan razonablemente ni la situación financiera ni los
resultados de las operaciones de la entidad. Probablemente pocas entidades han
revisado este concepto y la gran mayoría continúa presentando sus estados
financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha. Conocidos son los casos de
entidades que parecían estar funcionando adecuadamente y que súbitamente
declararon que cesaban sus operaciones y que no continuarían con los negocios,
sin que los hechos que determinaron esa terrible decisión hubieran sido
revelados en los estados financieros de períodos anteriores.
La Falta de Información Estadística
Oficial
Según informaciones
aparecidas en los medios de comunicación, desde hace varios meses (y años en
algunos casos) se ha constatado una omisión continuada por parte de los
organismos gubernamentales responsables por la elaboración y publicación oportuna
de estadísticas de la economía como las cifras sobre el producto interno y
balanza de pagos (no publicadas desde septiembre 2014), índices de inflación y
producción de petróleo (no publicados desde diciembre 2014) y gestión fiscal (pendiente
desde diciembre 2012) entre las más importantes. Esas informaciones son de
vital importancia para la visión sobre el desempeño de la economía y para la
proyección de variables que son necesarias en cualquier actividad de negocios
que base su crecimiento en datos, cálculos y proyecciones adecuadas.
Particularmente
importante para la información financiera es la falta de cifras sobre los
índices de inflación, las cuales son vitales para la elaboración adecuada del
ajuste por inflación para efectos contables y para efectos impositivos. Además
de que hubo un cambio en el método de cálculo de la inflación, durante el año
2014 se observó una tendencia de retraso por parte del BCV en el suministro de
las cifras correspondientes a los últimos meses de ese año, ya que no fue sino
hasta el 13 de febrero de 2015 cuando publicó la data del mes de diciembre del
año 2014. A la fecha de este trabajo no se ha publicado ninguna cifra sobre la
inflación del año 2015, por lo que el atraso es de siete meses continuos.
En vista de la falta de
información sobre la data de inflación, el 16 de abril de 2015, la FCCPV
publicó un borrador del boletín BA VEN-NIF 2 Versión 2 (“el boletín”), en el
que establecía ciertas normas para la estimación del Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) cuando no se disponga de las cifras oficiales del BCV.
Dicho borrador fue modificado en junio de 2015 y aprobado finalmente en julio
de 2015. Las
decisiones medulares adoptadas en el boletín se sintetizan en los siguientes
tres párrafos:
17. Cuando el INPC no esté
disponible para uno o más meses y una entidad deba presentar información
financiera ajustada por los efectos de la inflación en una fecha que incluye
meses afectados por la referida ausencia de publicación, la entidad utilizará
el o los INPC estimados, utilizando para su mejor estimación una metodología
similar a la aplicada por el BCV y para ello deberá obtenerlos mediante
estudios realizados por profesionales expertos en la materia, de forma que
reflejen la evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios
representativa del consumo familiar. Algunas características para la fiabilidad
de un INPC estimado por este método son:
1. El estudio de la variación de los precios de un amplio rango de bienes y servicios;
2. Considerar las mismas ciudades para las que el BCV emite el INPC desagregado;
3. La metodología utilizada para su estimación debe ser igual en cada mes;
4. El valor determinado debe estar libre de sesgo;
5. Debe ser actualizado mensualmente.
Cuando sea aplicado este
procedimiento, la entidad deberá revelar información sobre los profesionales
expertos que elaboraron el estudio utilizado para la estimación del o los INPC
y, como mínimo cada una de las características antes señaladas. En caso que el
estudio haya sido contratado por algún organismo que agrupe a entidades de un
mismo sector económico o geográfico, deberá revelarse este hecho.
18. Cuando la entidad, luego de
evaluar la aplicabilidad del procedimiento descrito en el párrafo 17, concluya
que es impracticable o generaría un costo o esfuerzo desproporcionado,
procederá a estimar el o los INPC no emitidos por el BCV, a través del
siguiente procedimiento simplificado:
a. Calcular el promedio simple de la
variación porcentual correspondiente a los últimos tres (3) INPC, publicada por
el BCV en su página Web.
b. Ajustar el último INPC publicado
por el BCV por el promedio determinado conforme al literal anterior. El valor
así obtenido, será el INPC estimado para el primer mes cuyo valor oficial no
esté disponible.
c. Ajustar el INPC estimado según el
literal “b”, por el promedio determinado conforme al literal "a". El
valor así obtenido, será el INPC estimado para el segundo mes cuyo valor
oficial no esté disponible. Este procedimiento se aplicará sucesivamente, hasta
completar la estimación para todos los INPC para los meses que sean requeridos.
Al aplicar este procedimiento, la
entidad deberá revelar los cálculos efectuados para la estimación del o los
INPC utilizados para el reconocimiento de la inflación en los estados
financieros emitidos.
19. Si el BCV efectúa la publicación
del o los INPC, después de hecha la estimación por parte de la entidad, ésta
deberá aplicar las disposiciones contenidas en el BA VEN-NIF N° 4
“Determinación de la fecha de autorización de los estados financieros para su
publicación, en el marco de las regulaciones contenidas en el Código de
Comercio Venezolano”, así como la NIC 10 o la Sección 32 de la NIIF para las
PYMES.
Cuando se evalúa lo
copiado anteriormente, se puede concluir sin mayores dificultades que las
entidades no podrán aplicar el párrafo 17 sin incurrir en costos
desproporcionados para el tipo de información que se requiere, además de que el
tiempo que tomaría comprobar que se cumplen todos los requerimientos de ese
párrafo podría resultar excesivo cuando se deben tomar decisiones urgentes como
las que está originando la situación actual. Debe tomarse en cuenta que las
entidades con cierres de ejercicio entre enero y abril, debieron presentar sus
declaraciones de rentas entre abril y junio, pero como el INPC no se ha
publicado, se desconocen las decisiones adoptadas por esas entidades para
presentar dichas declaraciones incluyendo el ajuste por inflación fiscal.
Mi opinión es que la
totalidad de las entidades optarán por aplicar el párrafo 18 que es mucho más
sencillo aunque adolece de rigurosidad científica. No se entiende por qué la
FCCPV esperó casi siete meses para producir un boletín como el que ahora está
disponible con una solución tan simple. Por lo demás, se desconocen los
procedimientos que adoptaron las entidades que debieron reportar como se indica
en el párrafo anterior para solucionar el problema.
Sin embargo, con la
publicación del BA VEN-NIF 2, V2 no se resuelve el problema de la falta de
información del INPC porque las entidades que lo apliquen transitoriamente,
después tendrán que recalcular todas las cifras contables ajustadas por
inflación después que el BCV publique la información oficial y aplicar lo
establecido en el párrafo 19 del boletín. Por los momentos, toda entidad que use
el boletín deberá revelar claramente en las notas a los estados financieros
cómo realizó los cálculos del ajuste por inflación, advirtiendo a los usuarios
que las cifras presentadas en dichos estados tendrán que ser reestructuradas
posteriormente, cuando estén disponibles las cifras oficiales y se presenten
nuevos estados financieros corregidos.
Este problema, aunado al
que comento en la primera sección de este trabajo, agrega un nuevo elemento de distorsión
en la información financiera que presentan las entidades venezolanas. Las
entidades venezolanas aparte de que tendrán que calcular las cifras ajustadas
por inflación con datos provisionales (los del boletín), estarían dejando de tomar
en cuenta los factores de distorsión de la inflación sobre las PP&E y los
inventarios (de considerar este último rubro como una partida no monetaria), si
no las ajustan para reconocer el posible deterioro que seguramente arrastra
sobre esas partidas el ajuste por inflación.
Después que fue publicado este trabajo originalmente el 23 de agosto de 2015, cuatro días después la Superintendencia Nacional de Valores (SNV), publicó la Circular N° 3045 para informar a los emisores de valores que son objeto de oferta pública, que se difiere la presentación de estados financieros ajustados por inflación. Dichos estados financieros deberán ser presentados cuando la Superintendencia lo requiera.
Igualmente se informó a Operadores de Valores Autorizados, Fondos Mutuales de Capital Abierto y Sociedades Administrativas de las Entidades de Inversión Colectivas que se difiere la presentación de sus estados financieros auditados complementarios ajustados por inflación, los cuales se presentaran cuando lo requiera la Superintendencia.
Todas las entidades mencionadas deben presentar sus estados financieros a valores históricos con sus correspondientes notas explicativas.
Esas decisiones contribuyen aún más a enrarecer el ambiente que rodea a los inversores, quienes ahora no podrán examinar la información financiera ajustada por inflación, como lo exigen los VEN-NIF.
Conclusión
No es viable para
propietarios, administradores y contadores tomar decisiones acertadas ante el
panorama de distorsiones contables bajo el cual se desempeñan las entidades
venezolanas, sin la guía de las instituciones apropiadas. Probablemente algunos
se han paseado por estos problemas pero no se han animado a evaluarlos
organizadamente ni a plantear soluciones. Es justo reconocer que un análisis
como el que contiene este trabajo puede parecer chocante a otros porque quien
lo elaboró no está sometido a las presiones del día a día, ni a la lucha por la
supervivencia en la que se mantienen la mayoría de las entidades en el país,
principalmente las PyMES. Estoy consciente de esa circunstancia. Soy un simple
analista de las circunstancias actuales, las cuales pueden cambiar en cualquier
momento y, entonces dejarían de tener vigencia, para bien o para mal.
Si las
distorsiones no son eliminadas, persistirán los problemas y, aún, se podrían
incrementar en el futuro para mayor deterioro del reporte financiero presente y
futuro de las entidades venezolanas que son las que sufrirán los impactos de la
no comparabilidad de la información financiera con la de otros países. Pero
también porque muchos podrían estar confiando en que los estados financieros
están siendo elaborados y presentados adecuadamente e cuando eso pudiera no ser
real. Los auditores externos tienen gran responsabilidad por advertir cualquier
desviación significativa que pudiera estar afectando la información financiera
de sus clientes y no pueden obviar ese hecho cuando reportan sobre los estados
financieros de las entidades venezolanas.
Las soluciones no son
sencillas pero no por eso debe dejarse de lado la búsqueda de medidas
correctivas y para eso están las instituciones autorizadas, entre las cuales
está la FCCPV, que deben permanecer alertas vigilando la situación y aportando
soluciones oportunas y apropiadas que permitan a las entidades preparar un
reporte financiero que satisfaga a todos los usuarios de los estados financieros,
sean ellos usuarios internos o usuarios externos.
